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¿Cuál Pacto de Valledupar? La transparencia y la verdad sobre los acuerdos con los ex paramilitares. Esto es lo que vi. Horacio Duque. Una nueva controversia política se ha desatado alrededor de las reuniones celebradas en Valledupar, en octubre de 2025,

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23.10.2026

Una nueva controversia política se ha desatado alrededor de las reuniones celebradas en Valledupar, en octubre de 2025, entre representantes del gobierno del presidente Gustavo Petro y antiguos jefes paramilitares de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), designados como Gestores de paz para contribuir al cierre de los compromisos pendientes del proceso de Justicia y Paz.

Diversos medios de la corporación mediática hegemónica, dirigentes políticos y algunos protagonistas de esas conversaciones, como el señor Mancuso y el orate de Angie Rodríguez, han difundido versiones sobre la existencia de un supuesto «Pacto de Valledupar», mediante el cual se habrían establecido compromisos dirigidos a afectar políticamente a Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras (qepd).

La gravedad de estas acusaciones exige un esclarecimiento riguroso. No basta con divulgar declaraciones individuales, interpretaciones periodísticas amañadas como las de Semana o documentos cuya autenticidad se encuentra controvertida. Es indispensable determinar qué se discutió realmente, cuáles compromisos fueron adoptados, quiénes participaron en las decisiones y qué obligaciones asumieron los antiguos jefes paramilitares frente al Estado y las víctimas.

La transparencia, la publicidad de los documentos y la verificación de los hechos deben prevalecer sobre las especulaciones y las disputas políticas.

Los verdaderos pactos del paramilitarismo.

Colombia tiene una larga y dolorosa experiencia con los pactos políticos del paramilitarismo. Durante los primeros años del siglo XXI, dirigentes regionales y nacionales establecieron alianzas con estructuras de las AUC para controlar elecciones, influir sobre las administraciones públicas, apropiarse de recursos estatales y consolidar poderes territoriales.

Entre esos acuerdos se encuentran el Pacto de Ralito, suscrito en julio de 2001; el Pacto de Chivolo, de septiembre de 2000; y otros compromisos conocidos como los pactos de Pivijay, El Granadazo, El Cañito, Urabá, El Difícil, Barranco de Loba y Casanare.

Aquellos acuerdos, investigados en el marco de la parapolítica, estuvieron relacionados con procesos de captura institucional y subordinación de sectores de la representación política a organizaciones armadas responsables de masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y despojo de tierras.

Su propósito no era esclarecer la verdad sobre el paramilitarismo ni reparar a las víctimas. Por el contrario, buscaban consolidar estructuras de poder político, económico y territorial mediante alianzas con organizaciones ilegales.

El Pacto de Ralito de 2001, con su pretensión de «refundar la patria», constituye uno de los ejemplos más significativos de esa articulación entre violencia paramilitar y el poder político de la ultraderecha.

Esa historia no puede olvidarse. Pero tampoco debe utilizarse indiscriminadamente la palabra «pacto» para equiparar acontecimientos de naturaleza diferente.

Una cosa fueron los acuerdos clandestinos entre gamonales políticos y estructuras paramilitares para capturar instituciones democráticas, y otra las reuniones adelantadas por autoridades gubernamentales con antiguos comandantes de las AUC en el marco de una política pública de paz.

Esta diferencia no significa que las actuaciones gubernamentales estén exentas de control. Por el contrario, obliga a examinar su legalidad, transparencia y resultados.

Justicia y Paz: veinte años de compromisos pendientes.

Para comprender lo sucedido en Valledupar es necesario reconstruir sus antecedentes institucionales.

La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, estableció un marco jurídico para la reincorporación de integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley, condicionado al cumplimiento de obligaciones relacionadas con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Su aplicación estuvo vinculada con el proceso de negociación y desmovilización de las AUC adelantado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuyos antecedentes incluyen los acuerdos de Santa Fe de Ralito de 2003.

Dos décadas después, ese proceso continuaba enfrentando dificultades considerables.

Persistían actuaciones judiciales pendientes, problemas relacionados con la entrega de bienes, reclamaciones de las víctimas, necesidades de esclarecimiento histórico y situaciones jurídicas que requerían una respuesta institucional.

El paso del tiempo no había significado el cumplimiento integral de las obligaciones asumidas por los antiguos comandantes paramilitares.

Precisamente por ello, el gobierno del presidente Gustavo Petro promovió una iniciativa orientada a realizar un balance de los resultados de Justicia y Paz y avanzar en el tratamiento de los asuntos pendientes del proceso de desmovilización.

Esta decisión puede ser objeto de controversia política y jurídica, como cualquier actuación gubernamental. Sin embargo, su legitimidad debe examinarse a partir de sus fundamentos normativos, sus procedimientos y sus resultados, no mediante la atribución automática de propósitos clandestinos como lo hace Gilinski con la revista Semana.

La designación........

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