A la luz de los últimos acontecimientos no queda duda sobre la falta de pulcritud legal y jurídica, de la que adolece el ilegítimo proceso que el gobierno norteamericano pretende, a golpe y porrazos, llevar a cabo contra el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y su esposa y diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores de Maduro.

Bajo la fachada de una institucionalidad pulcra, el proceso que hoy enfrentan ilegalmente los máximos dirigentes revolucionarios del país revela una estrategia de indefensión financiera inducida. No estamos ante un ejercicio ordinario de justicia, sino ante un montaje que, al bloquear deliberadamente los recursos para una defensa técnica de alto nivel, confiesa su propia debilidad: la incapacidad de sostener sus "pruebas" en un terreno de igualdad procesal. Este 26 de marzo, el mundo ha sido testigo de cómo el derecho se degrada para convertirse en una herramienta de extorsión política, donde la ética ha sido sustituida por el revanchismo de un sistema que pretende suplir con la fuerza lo que no puede demostrar con la verdad.

¿Qué ha sido del periodismo que cuestionaba al poder? ¿Del periodismo investigativo, valiente y necesario ante casos como este? Hoy, frente al proceso seguido contra el Presidente y su esposa, la prensa corporativa ha canjeado una vez más la ética por la propaganda. El verdadero periodismo ha sucumbido frente a este enojoso hecho, siendo que el seguimiento veraz de este caso es un imperativo moral: despojar la narrativa de apasionamientos para revelar lo que subyace: una trama premeditada gestada desde las esferas más radicales de la administración estadounidense contra una Venezuela que decidió cambiar su destino por un sistema de justicia, igualdad y paz.

Es claro, como la pureza del agua, que estamos ante una estrategia de "asfixia procesal". Es vital señalar la contradicción de un sistema que, mientras presume de rigurosidad, bloquea deliberadamente los recursos para el ejercicio legítimo de la defensa. Este obstáculo no es un tecnicismo, sino la confesión de una debilidad institucional. Si las pruebas fueran tan sólidas como alega el Departamento de Justicia, no habría necesidad de secuestrar financieramente la capacidad de respuesta de los líderes.

La jornada de este 26 de marzo ha marcado un punto de inflexión. Frente a un juez que conoce las entrañas del sistema y que entiende que con el poder judicial recto no se juega, la arquitectura de la acusación ha comenzado a mostrar sus costuras. Al desestimar los argumentos que pretendían estancar el avance del juicio bajo premisas vacías, la justicia —incluso dentro de las fronteras de quien agrede— ha dado un golpe real al Departamento de Justicia estadounidense.

Este movimiento deja al descubierto una verdad incómoda para Washington: las imputaciones carecen de la solidez necesaria para sostenerse en un debate jurídico serio. El intento de asfixia financiera para impedir una defensa técnica de alto nivel es, en cualquier foro internacional, una violación flagrante al debido proceso y al Derecho Internacional. El veredicto de la historia será que lo que está en juego no es solo el nombre de dos figuras políticas, sino el respeto a la autodeterminación de los pueblos frente al método del "garrote judicial gringo", un relato fabricado en laboratorios de guerra psicológica que ya no engaña a las naciones libres del mundo.

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