En el corregimiento de Mingueo, en el municipio de Dibulla (La Guajira), una tragedia estremeció al país. Una niña de tres años fue hallada sin vida tras haber sido reportada como desaparecida, lo que provocó una indignación colectiva profunda y legítima. Lo que vino después, sin embargo, desbordó el llanto y el dolor para entrar en el terreno espinoso de la violencia social: algunos habitantes habrían decapitado al presunto responsable del homicidio, un joven que presuntamente tenía entre 14 y 15 años de edad y a quien la comunidad identificó como el supuesto autor de tan atroz crimen.

Estas imágenes impactantes —un cuerpo mutilado, una cabeza expuesta junto a un árbol y un mensaje inscrito en el abdomen— no solo provocan conmoción, sino que evidencian una realidad incómoda: cuando la confianza en las instituciones se fractura, el Estado de derecho fluye hacia espacios de vigilantismo colectivo, donde la justicia deja de ser una función legítima para transformarse en un acto ejecutado por manos indignadas, desesperadas y, en muchos casos, jurídicamente vulnerables.

Porque no cabe duda: el dolor de una madre, el luto de una comunidad y la rabia de un pueblo ante la........

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