El lenguaje del sistema penal como forma de exclusión |
El derecho penal suele presentarse como un sistema de garantías, diseñado para proteger derechos fundamentales y resolver los conflictos más graves que presenta la vida social. Sin embargo, pocas veces se reconoce que una de sus barreras más eficaces no está en la ley, ni en la prueba, ni siquiera en la decisión judicial, sino en el lenguaje. En cómo se escribe, en cómo se habla y en cómo se comunica el proceso penal. Porque antes de ser un problema de normas, la justicia penal es, también, un problema de palabras.
El lenguaje del sistema no es neutro. Tampoco es inocente. Está construido desde una tradición técnica que privilegia la complejidad, la solemnidad y la distancia, y que suele confundirse con rigor. Sentencias interminables, providencias plagadas de subordinadas, tecnicismos innecesarios, citas acumuladas sin mediación explicativa y fórmulas rituales repetidas como dogmas no fortalecen la justicia; la vuelven inaccesible. Cuando el proceso penal se expresa en un idioma que solo entienden quienes fueron formados en él, deja de ser un instrumento público y se convierte en un espacio de exclusión.
Para muchas personas que participan en el proceso penal —víctimas, testigos, personas investigadas— el expediente es un objeto extraño. No comprenden qué se decidió, por qué se decidió ni qué consecuencias reales tiene esa decisión en su vida. Saben que........