“El Ministerio de Hacienda está trabajando a todo tren para intentar convertir en permanentes los actuales gravámenes sobre banca y energéticas, algo que tiene que lograr antes de que termine el año y que cada vez se torna más difícil”. Así arrancaba una noticia aparecida este viernes en el diario El País, que hay que presumir filtrada por el ministerio que comanda Marisú Montero, principal impulsora de la idea de convertir en fijo un impuesto calificado en su día de temporal para intentar cuadrar las cuentas del plan fiscal remitido esta semana a Bruselas. Y es que la nota del órgano oficial del Gobierno Sánchez contenía una caramelo destinado a endulzar el “impuestazo” a bancos y eléctricas: la posibilidad de permitir a ambos desgravarse "parte de la cuota abonada en el impuesto de sociedades". La airada reacción del mundo empresarial a este impuesto ha sorprendido a Sánchez y su tropa, acostumbrados a la tradicional sumisión de nuestros directivos de empresa. Ha sido Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, quien ha roto valientemente el fuego, en la primera señal clara de protesta de nuestras elites económico financieras contra la rapiña de un Gobierno acostumbrado a gastar a manos llenas para mantener su clientela electoral, que no se plantea ningún esquema de recorte del gasto público (idea ajena a esta tropa que nos gobierna), y necesitado de exprimir a empresas y particulares con gravámenes de todo tipo para seguir con su fiesta extractiva. El "impuestazo" como una variante del robo a mano armada que practica un Gobierno apegado al poder y al dinero. Sobre todo al dinero.
El golpe a banca y energéticas se justificó en su día por circunstancias tan excepcionales como la invasión rusa de Ucrania y sus efectos sobre los costes de la energía y la subida de los tipos de interés destinada a frenar una inflación disparada. Moncloa y sus terminales se encargaron de pregonar que ambos tributos tendrían carácter temporal, en línea con la filosofía de una Comisión Europea que fijó como fecha límite de los mismos finales de 2023. La peculiaridad española es que el “impuestazo” aplicado por el Ejecutivo fijó como base imponible a gravar la cifra de negocios, la facturación, no los beneficios, lo cual es un disparate en pura técnica tributaria porque los ingresos no miden la rentabilidad real de una sociedad, error propio de un Gobierno en el que figura gente, tal que Yolanda Díaz o la propia Marisú, que “profesa una ideología que le hace inmune al conocimiento económico” (José Luis Feito aquí el jueves). Y bien, es obvio que las “causas excepcionales” que motivaron su introducción han desaparecido ya, con precios de la energía en niveles parecidos a los existentes antes de la guerra de Ucrania y con tipos de interés claramente a la baja, no obstante lo cual el Gobierno Sánchez no solo no los ha hecho desaparecer sino que pretende convertirlos en permanentes, en contra del criterio de las autoridades comunitarias, convencidas, como........