Cuando el 6 noviembre de 2019 le inquirieron en Radio Nacional de España (RNE) sobre cómo iba a cumplir su promesa de poner a recaudo judicial al huido Puigdemont tras encabezar el fallido golpe de Estado separatista de 2017, Pedro Sánchez soltó una ignominiosa perla que merecía figurar inscrita en mármol en la Fiscalía General del Estado para oprobio de la carrera: “¿La Fiscalía de quién depende? (…) Pues ya está”. Transcurridos cuatro años de tal ostentación de prepotencia, Sánchez cae de hinojos ante el fugado de Waterloo tras investirlo presidente bajo la obligación de amnistiarlo conforme a la popular letrilla de “Yo me soy el rey Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como”.
Así, al sometimiento del Ministerio Público (ya Ministerio Particular), mucho más acusado tras ser ratificado al mando un personaje declarado no idóneo por el Tribunal Supremo tras atribuirle un acto de desviación de poder, se suma ahora el de Sánchez a Puigdemont pasando a ser el cazador cazado. Como en las “matrioskas” rusas, donde una muñeca hueca alberga a otra y así sucesivamente, la obediencia de la Fiscalía a Sánchez es también la de éste a un Puigdemont protegido ahora por el Ministerio Público por consigna de quien se doblega al proscrito. Cuando Sánchez se pone aristotélico -en realidad, peronista, cuyo caudillo malbarató la frase como un peso argentino- y afirma que “la verdad es la realidad”, se entiende que supedita la verdad que mancilla a la realidad del vasallaje ante Puigdemont.
No cabe duda de que la política, al desligarse de la verdad, “se corrompe desde dentro y termina convirtiendo al Estado en una maquinaria que destruye el Derecho”, como avizoró la gran pensadora judía Hannah Arendt. Lo certifica esta España donde se corroe el orden constitucional y se deshace la solidez de su Estado con un Sánchez que, en vez de someter al “pastelero loco” al Estado de Derecho, rinde el Estado y el Derecho al delincuente consumando la peor de las podredumbres. Si el poder tiende a corromper y el poder despótico corrompe absolutamente, no querer perder el poder a toda costa lo corrompe de raíz.
Al arrebatársele el sentido de la Justicia y del Derecho, el Estado se pervierte en una banda de ladrones a la que todo les está facultado. De hecho, después de que el estado de alarma decretado por el Covid se usara para diluir la frontera entre la Ley y la Ilegalidad, pese a reprobarlo el Tribunal Constitucional, ahora quienes promovieron las leyes de desconexión previas al ilícito referéndum de 2017 deslizan a Sánchez por esa pendiente para pasaportar una “autoamnistía” con la anuencia de Cándido Conde-Pumpido como camarlengo de sus intereses en el TC.
Cuando se subraya tanto la constitucionalidad de esta ley de impunidad con la que Sánchez sirve al secesionismo en el ara de la soberanía nacional, es oportuno traer a colación una apreciación de Borges........© Vozpópuli