Universidades bajo asedio |
Hay decisiones de política pública que, más allá de su intención declarada, terminan revelando una peligrosa desconexión con la realidad del país. Gravar a las universidades privadas mediante el Decreto 0173 de 2026 no solo es una medida inconveniente, es un golpe directo a uno de los pilares sobre los que se sostiene —todavía con dificultad— la competitividad de Colombia.
El Gobierno ha querido justificar este nuevo impuesto al patrimonio bajo el paraguas de la emergencia económica. Sin embargo, la pregunta de fondo es inevitable: ¿Puede hablarse de emergencia cuando lo que subyace es una incapacidad reiterada para controlar el déficit fiscal? Porque mientras se aprietan las finanzas de instituciones educativas, se han documentado ejecuciones superiores a los $100.000 millones en contratos de publicidad estatal, en una narrativa que privilegia la propaganda sobre la austeridad.
La medida, además, tiene un alcance claro: afecta a universidades con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (más de $10.474 millones), con el objetivo de recaudar alrededor de $135.000 millones. En la práctica es una presión adicional sobre instituciones que ya enfrentan retos enormes en cobertura, calidad e infraestructura. No es casual que asociaciones como Ascún hayan decidido demandar la medida.
Aquí es donde el debate debe elevarse por encima de la consigna ideológica. Hay que reconocer una realidad estructural: la universidad pública, a pesar de su importancia, no tiene la capacidad suficiente para absorber la demanda educativa del país. Sin el concurso de las universidades privadas, millones de jóvenes quedarían por fuera del sistema.
Y es precisamente en ese punto donde la decisión del Gobierno resulta más desconcertante. Colombia necesita fortalecer su capital humano si aspira a competir en un mundo donde el conocimiento es el principal activo. ¿Cómo se explica entonces que, en lugar de estimular a quienes forman ese talento, se les impongan cargas adicionales que terminarán trasladándose —directa o indirectamente— a los estudiantes?
Cuando se grava a las universidades, se tensionan sus presupuestos, las matrículas suben, los programas se limitan o la inversión en investigación se reduce. Es una cadena de consecuencias que afecta a quienes el discurso oficial dice querer proteger.
No puede haber un sistema educativo robusto si se enfrenta a sus actores entre sí. No puede haber desarrollo si se castiga la generación de conocimiento por razones ideológicas.
Fortalecer la universidad pública es una causa legítima y necesaria. Pero hacerlo a costa de asfixiar a la privada es un error estratégico de grandes proporciones. El país necesita de ambas, articuladas, complementarias, trabajando en la misma dirección.
Este impuesto envía una señal: Formar talento es una carga, no un propósito compartido; educar puede terminar siendo penalizado.
Si ese es el camino, no estamos resolviendo el futuro. Lo estamos hipotecando.