El costo del narcotráfico |
La reciente caída de ‘El Mencho’, uno de los narcotraficantes más buscados de México, vuelve a poner sobre la mesa una realidad que América Latina conoce muy bien: la convivencia prolongada con la violencia y la ilegalidad.
No es solo una noticia de seguridad. Es la confirmación de un fenómeno que ha marcado varias generaciones: organizaciones criminales que no actúan al margen, sino que logran infiltrarse en las estructuras del Estado, imponer reglas, controlar economías locales y sembrar miedo en la vida cotidiana.
En México, la influencia del crimen organizado ha sido tan profunda que algunos analistas hablan incluso de un “narcoestado”, para describir un escenario donde la corrupción deja de ser un hecho aislado y se convierte en parte del sistema, y donde los carteles alcanzan niveles de poder que ponen en entredicho la autoridad legítima.
Es imposible no mirar hacia Colombia. Nuestro país también ha pagado un precio incalculable por el narcotráfico. Durante décadas vivimos bajo la sombra de capos como Pablo Escobar y los carteles de Medellín y Cali, enfrentados entre sí y contra el Estado, en una guerra que dejó miles de muertos, atentados, instituciones debilitadas y un miedo que marcó a toda una generación.
México y Colombia comparten una misma lección: cuando el narcotráfico se consolida, deja de ser únicamente un negocio ilegal y se convierte en un problema estructural. No se trata solo de drogas, sino de territorios controlados por grupos armados, economías que dependen del dinero ilícito y una cultura de impunidad que erosiona la confianza ciudadana.
El caso mexicano añade un elemento que hoy preocupa a todo el continente: su papel en la producción y tránsito de fentanilo. Este opioide sintético, desarrollado inicialmente para uso médico, terminó convertido en la droga más letal del mercado ilegal. Su potencia, hasta 100 veces superior a la morfina, ha provocado miles de muertes y ha desencadenado una grave crisis de salud pública, especialmente es Estados Unidos.
Colombia sabe que cuando la economía del crimen se instala, las consecuencias no tardan en expandirse. Ocurrió con la cocaína y no es descabellado pensar que nuevas sustancias sintéticas puedan convertirse en otro desafío si no se actúa con anticipación. El narcotráfico no permanece estático: se transforma, se adapta y busca nuevas rutas y mercados.
En ambos países, la violencia ha permeado la vida diaria y la memoria colectiva. Ha condicionado decisiones políticas, oportunidades económicas y proyectos de vida. La comparación deja una conclusión clara: el narcotráfico no solo destruye vidas, también debilita democracias.
La discusión, entonces, no puede limitarse a la captura o caída de un criminal. La pregunta de fondo es cómo evitar que otro ocupe su lugar. Mientras el narcotráfico siga siendo una opción rentable frente a la falta de oportunidades, el ciclo se repetirá.
México y Colombia lo han aprendido con dolor. Enfrentar este fenómeno exige mucho más que operativos: requiere instituciones fuertes, justicia, prevención, educación y una estrategia que entienda que este no es solo un problema de seguridad, sino un desafío social, económico y moral que nos involucra a todos.