Hace unos días Transparencia Internacional publicó el informe del Indice de Percepción de la Corrupción 2025, esto no es un simple ranking, es una medida de un síntoma institucional, más que un dato reputacional, es un indicador que señala que la confianza pública está deteriorada y que existe una profunda debilidad estructural de los mecanismos de integridad que ofrece el Estado.

El puntaje obtenido por Colombia se encuentra ubicado muy por debajo del promedio global y regional, demostrando que el problema no es un episodio atribuible a un sólo escándalo o un sólo gobierno, el resultado es acumulativo. Cuando un país no logra mejoras en este indice queda evidenciado que no es sólo la existencia de hechos de corrupción, sino la insuficiencia de la respuesta institucional frente a ellos: controles que no son efectivos, sanciones sin fuerza y que no llegan a tiempo y reformas que no transforman.

La caída en los resultados se debe, en gran parte, al aumento de información pública sobre los múltiples escándalos de corrupción y a cuestionamientos serios relacionados con el manejo de los recursos públicos, como a nombramientos irregulares por falta de idoneidad y requisitos mínimos, presiones políticas sobre entes de control. Además de la permisividad con la que funcionarios cercanos al presidente cometen posibles hechos de corrupción sin recibir ni siquiera una sanción social por parte del jefe de estado.

Una de las principales criticas es la inconsistencia entre el discurso y los resultados concretos. El gobierno llegó promoviendo la idea de transformar la cultura política y combatir la corrupción estructural, sin embargo, muchas medidas se quedaron en decretos o declaraciones sin materializarse en resultados verificables como sanciones efectivas, mayor transparencia en la contratación pública o fortalecimiento de la meritocracia, entre otros.

Esto explica en gran medida por qué la percepción de la corrupción no sólo persistió sino que empeoró, no es sólo que existan hechos cuestionables sino que las respuestas estatales no generan la sensación de que los responsables serán efectivamente sancionados independientemente de su afiliación política o cercanía al poder.

No se trata satanizar a una administración, sino de señalar que la credibilidad institucional es un activo frágil. Un Gobierno puede tener buenas intenciones pero si sus acciones no fortalecen la transparencia, la percepción se deteriora. Hablando en términos de gobernanza, esta es importante porque afecta la confianza ciudadana en las instituciones, la inversión y la cohesión social.

Es importante que el próximo presidente logre mejorar la posición de Colombia en este ranking, para esto debe garantizar: fortalecimiento de la contratación pública y de los entes de control, protección robusta de denunciantes, transparencia en financiamiento político y lo más importante coherencia entre el discurso y las acciones de gobierno.

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