La tragedia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto, puso a prueba la capacidad de respuesta y coordinación del Estado, y sobre todo, su compromiso con los ciudadanos afectados cuando más necesitan de sus instituciones.

Además del desafío humanitario que implica la atención de los damnificados, ahora se suma el gran reto que asume la administración pública concerniente al manejo de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia y a la reconstrucción de las zonas afectadas.

Para estas situaciones la ley permite flexibilizar los procedimientos de contratación, con el fin de atender la emergencia de manera oportuna y eficiente, sin que esto permita obviar el principio de transparencia y de rendición de cuentas. Por el........

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