En Colombia la confianza en las instituciones ha sido frágil históricamente, quien gobierna un territorio tiene la ardua tarea de restaurar la confianza del ciudadano en lo público, es por esto que resulta especialmente preocupante que el Presidente Petro haya insistido en una narrativa de posible fraude electoral, sin evidencias ni sustento técnico de lo denunciado con tanta vehemencia.

El más reciente informe de la MOE es claro: no hubo fraude. Con una coincidencia del 99,8 % entre preconteo y escrutinio, las diferencias detectadas corresponden a errores humanos y no a manipulación. Incluso, al revisar directamente los señalamientos del presidente sobre formularios E-14, la organización encontró que “en la mayoría de estos no había ninguna inconsistencia”.

Entonces ¿por qué insistir en una narrativa de fraude cuando los datos son claros y lo desmiente? No es un asunto menor. Un jefe de Estado no es un usuario más de redes sociales. Cuando el presidente dedica mas de 16 trinos para hablar de un fraude sin pruebas, socava la legitimidad del sistema democrático en su conjunto. Más aún cuando esas afirmaciones se hacen en medio de procesos electorales vigentes, donde la estabilidad institucional es importante.

¿Es una acción responsable políticamente sembrar desconfianza en el sistema que lo eligió? Resulta contradictorio que quien llegó al poder a través de ese mismo sistema electoral hoy lo ponga en duda sin evidencia concluyente. Este doble rasero no solo debilita el discurso, sino que abre la puerta al irrespeto de las reglas del juego democrático.

Además, hay un elemento técnico que no puede ignorarse. El sistema electoral colombiano no depende de un único punto de verificación. Como ha explicado la MOE, el formulario E-14 es solo una pieza dentro de un engranaje con múltiples controles cruzados. Insistir en que allí reside un fraude estructural desconoce o minimiza la complejidad del proceso.

¿Se está confundiendo deliberadamente error con fraude? Porque no es lo mismo. Los errores humanos existen en cualquier sistema electoral del mundo, pero el fraude implica una acción sistemática, coordinada y con intención de alterar el resultado. Equiparar ambos conceptos no solo es técnicamente incorrecto, sino políticamente irresponsable.

¿A quién beneficia esta narrativa? Porque si no hay evidencia de fraude, pero sí un discurso persistente sobre su existencia, el efecto es claro: deslegitimar las instituciones. Y en democracia, cuando las instituciones pierden credibilidad, lo que queda es el terreno fértil para la polarización, la incertidumbre y el conflicto.

La democracia no exige fe ciega, pero sí exige rigor. Cuestionar es válido; hacerlo sin pruebas, desde el poder, no lo es. ¿Será que se está preparando el terreno para deslegitimar posibles resultados que no le convengan?

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