El sábado en la mañana, en la sesión del Concejo convocada para avanzar en el debate del proyecto de acuerdo presentado por el alcalde de Bucaramanga para que le autoricen un multimillonario crédito, pasó de todo.

Sobre el episodio se ha dicho y escrito mucho. Los adjetivos abundan, y no precisamente para exaltarlo. Uno solo lo resume: vergonzoso.

La culpa es de todos. La responsabilidad hay que repartirla por igual. De los concejales, porque algunos se preocuparon más por exaltar los ánimos; del presidente del Concejo, quien no le supo dar al debate el manejo adecuado para garantizar su desarrollo, y de quienes hicieron presencia en las barras, que poco saben de comportamiento y respeto en un recinto de la naturaleza del salón de sesiones del Concejo.

Hubo agresiones, insultos, provocaciones, arengas, proclamas de parte y parte. El clima estuvo tan caldeado que la sesión se levantó por falta de garantías; esas que debe brindar el presidente del Concejo.

La chispa la generó un intempestivo receso del que no se supo por qué se ordenó. Se extendió por más de tres horas, y en el entretanto los ánimos fueron cambiando de color y de tono. Luego se supo que obedeció a unas recusaciones, pero, en honor a la verdad, quienes estaban en el recinto, y quienes seguíamos el desarrollo del debate por los canales digitales, teníamos derecho a saber la razón de la interrupción.

Si algo queda claro de este episodio es la falta de conocimiento del Reglamento Interno del Concejo; ese que suelen aplicar e interpretar con bastante laxitud y acomodo.

La tarea no es difícil. Si se lo proponen lo logran.

El presidente del Concejo debe presidir las plenarias y cumplir y hacer cumplir el reglamento. Los concejales también deben cumplirlo y, así les cueste, deben guardar la compostura propia de su cargo. Los ciudadanos pueden ingresar libremente a las barras, pero deben portarse bien y hacer silencio. Si hacen desorden o ruido, el presidente puede, incluso, ordenar que las despejen.

Por lo que pasó el sábado, ya hay quienes invitan a que el debate del proyecto se haga sin la presencia de público. Deben pensarlo bien. Se trataría de una decisión inconstitucional por arbitraria y desproporcionada. Les puede salir lo roto por lo descocido.

Por ahora aquello del “Templo Sagrado de la Democracia” queda solo en palabras. La guachafita que se armó el sábado lo dejó claro.

Al margen: como está de moda cambiarles el nombre a los bienes públicos, deberían aprovechar y ponerle al salón de plenarias uno acorde con lo que suele pasar en los debates. Luis Carlos Galán no se merece tanto abuso. Qué pena con él.

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