Reclutamiento de menores |
En Colombia, el reclutamiento de menores sigue siendo una pesadilla que no nos permite descanso; es una realidad que, con crudeza, siempre tenemos presente en los medios. No se trata solo de una estadística más en informes oficiales, sino de una práctica que arranca a niños y adolescentes de sus familias, los despoja de su infancia y los convierte en piezas de engranajes armados o criminales. Mientras en los escritorios se firman acuerdos y se pronuncian palabras solemnes, en los territorios más olvidados la realidad insiste en ser el pan de cada día.
Tras el acuerdo con las Farc, muchos esperaban que el país entrara en una etapa distinta. Sin embargo, el surgimiento de disidencias y nuevas estructuras ilegales demostró que la paz —sin presencia real del Estado y cuando goza del oxígeno que la alimenta, como son el narcotráfico y la explotación ilegal del oro— se queda en un papel bien redactado. En ese escenario, nombres como el de Marcos Calarcá vuelven al debate público, no como símbolo de transición, sino como recordatorio incómodo de que, incluso en medio de conversaciones, continúan los proyectos armados y el crecimiento en hombres y en armas, como ya lo vimos en el pasado.
Las razones de este fenómeno son conocidas, casi repetidas hasta el cansancio, pero no por ello resueltas. La pobreza sigue empujando a miles de jóvenes hacia cualquier alternativa que prometa ingresos o protección. La ausencia del Estado en amplias zonas del país deja a comunidades enteras a merced de quienes sí ejercen control, aunque sea por la vía de la intimidación. A esto se suma el engaño: promesas de poder, pertenencia o reconocimiento que resultan especialmente seductoras en contextos donde las oportunidades son escasas.
El resultado es devastador. No solo se vulneran los derechos de los menores, sino que se compromete el futuro mismo del país. Cada joven reclutado es un proyecto de vida interrumpido, una posibilidad menos de construir una sociedad distinta. Por eso, cuando el reclutamiento persiste —e incluso se expande— en medio de procesos de paz, la pregunta deja de ser retórica: ¿de qué paz estamos hablando? Esta es la muletilla de un gobierno que solo hace promesas y gasta el presupuesto que con tanto esfuerzo hemos creado los colombianos.
Colombia no puede seguir repitiendo este ciclo donde las negociaciones avanzan en los centros de poder, mientras en las periferias la guerra se recicla con nuevos nombres y los mismos métodos. Ignorar el reclutamiento de menores, o tratarlo como un daño colateral, es aceptar que la historia continúe escribiéndose sobre las mismas víctimas de siempre.
Esto constituye una violación muy grave de los derechos humanos, por lo que el mundo multilateral debe proceder a poner los correctivos necesarios y capturar a los verdaderos responsables, estén donde estén. El mundo no puede ser cómplice, y los colombianos de bien esperan la pronta sanción.