Colombia no es un país condenado al fracaso, pero sí es un país acostumbrado a aplazar sus soluciones. Sus problemas son estructurales, persistentes y, en muchos casos, pobremente administrados. Nos conocen por lo malo: somos el mayor productor de coca en el mundo; por eso nos miran con sorna. Nadie se detiene en reconocer que somos el gran exportador de nuestra agroindustria, ni en que somos uno de los proveedores de muchos ‘commodities’ necesarios en las industrias del mundo.

La violencia ha sido el principal detonante de la opinión. El conflicto armado no terminó: mutó. Después del acuerdo de paz de 2016, el país celebró una fotografía histórica, pero en amplias regiones rurales la realidad siguió siendo la misma. El Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias y las estructuras criminales heredadas del narcotráfico y del contrabando del oro continúan disputándose territorios donde el Estado aparece en discursos, pero no en carreteras, hospitales ni jueces, y mucho menos en obras de infraestructura.

El narcotráfico, por su parte, no es solo un negocio ilegal: es una estructura económica paralela que permea instituciones, financia violencia y distorsiona la política. Colombia combate los cultivos, erradica hectáreas y anuncia estrategias, pero la coca reaparece porque la pobreza rural sigue intacta. Sin alternativas sostenibles, la ilegalidad no es ideología: es supervivencia.

A esto debemos sumar la corrupción; ese mal no distingue ideologías. La corrupción no solo roba recursos: roba legitimidad. Y cuando la ciudadanía deja de confiar, la democracia se vuelve frágil.

La pobreza es quizás el telón de fondo de todos los demás problemas. Colombia es un país donde conviven centros financieros modernos con regiones sin agua potable; universidades de talla internacional con escuelas rurales sin conectividad; zonas urbanas dinámicas con periferias olvidadas. No es únicamente pobreza: es la brecha profunda que perpetúa años de exclusión.

Y, sobre todo, hay una debilidad histórica del Estado en amplias zonas del territorio. Donde no hay presencia institucional efectiva, alguien más ocupa el espacio. En muchas regiones, la autoridad no la ejerce la Constitución, sino el actor armado que tenga mayor capacidad de intimidación.

La polarización política en que vivimos convierte cada reforma en una batalla sin cuartel. Las discusiones dejan de ser técnicas y objetivas y se vuelven morales; el adversario se transforma en enemigo; el acuerdo se interpreta como traición. Así, el país debate con intensidad, pero ejecuta con dificultad.

Colombia resiste. Tiene una sociedad civil activa, una economía que no colapsa fácilmente y una historia de superación de crisis profundas. Pero también tiene una tendencia crónica a administrar los problemas en lugar de resolverlos. Por eso debemos despertar; no hay la menor duda de que en pocos días vamos a tener la oportunidad de rectificar el rumbo perdido, incrementado por el régimen impuesto por Petro, quien nos lleva al despeñadero; como mansas ovejas caeremos al despeñadero. Votar y hacerlo bien es nuestro destino.

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