El pasado 28 de marzo, en el Foro “El Poder de las Ciudades Capitales”, se anunció la adhesión de Bucaramanga a la “Red de Biodiverciudades” del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La noticia, que se presenta como un avance hacia modelos urbanos resilientes, inclusivos y sostenibles, genera una pregunta inevitable: ¿puede una ciudad alinearse a lineamientos internacionales de gobernanza democrática mientras mantiene prácticas locales de oscuridad en la toma de decisiones públicas?

La vinculación a iniciativas de la CAF, una institución financiera del orden multilateral que aboga por transformar la relación entre el Estado y la ciudadanía, implica adoptar principios de transparencia, planeación y acceso efectivo a la información. En ese orden de ideas, cualquier decisión de alto impacto, como un empréstito, debe soportarse en criterios técnicos, jurídicos y económicos verificables y en procesos de deliberación pública abiertos a la ciudadanía.

Sin embargo, en Bucaramanga, el proyecto de endeudamiento público por más de quinientos mil millones de pesos evidencia una falta de conexión con los lineamientos de la CAF. Por el monto de la operación financiera, la ciudadanía requiere saber cómo se toma la decisión del endeudamiento y cómo se van a administrar los recursos; no basta con la publicación pasiva de datos parciales. Tal como lo han manifestado los sectores técnicos de la región, la documentación técnica y financiera está incompleta, y la propuesta de discutir a puerta cerrada el Proyecto de Acuerdo 011 de 2025 genera aún mayor desconfianza.

También existen dudas sobre la capacidad de ejecución. La Secretaría de Infraestructura, principal responsable de la administración de los recursos, tuvo apenas un 69 % de ejecución en el año 2025, dejando a la ciudad con un presupuesto sin ejecutar de aproximadamente $77 mil millones.

Desde la perspectiva fiscal, el debate es más sensible. No se han expuesto con claridad los presupuestos, cronogramas y estudios técnicos definitivos. Tampoco han dado a conocer la tasa de interés estimada, los plazos del crédito, el impacto en vigencias futuras y la contingencia ante posibles reveses judiciales, como la demanda por los incrementos en el Impuesto Predial Unificado.

Además, se trata de un empréstito que triplicaría el endeudamiento actual del municipio, presionando el presupuesto de los próximos años y sustituyendo inversión pública prioritaria por servicio a la deuda, lo que compromete la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Si se toma como base la tasa de interés vigente, la ciudad pagaría anualmente más de $66 mil millones de pesos por el empréstito.

Si Bucaramanga aspira a consolidarse como referente en gobernanza, lo primero es tener coherencia entre el discurso y la práctica. La transparencia no puede ser una declaración de intenciones, sino un principio rector de estricto cumplimiento.

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