A raíz de mis columnas “Santandereanos, no seamos idiotas” y “El desafío de representar a Santander”, en las que hago un llamado a ciudadanos y candidatos a asumir la democracia con consciencia, altura y respeto por lo público, he recibido múltiples mensajes de preocupación. Amigos, líderes comunitarios y colegas columnistas coinciden en un diagnóstico alarmante, el desinterés generalizado de los bumangueses frente a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. No se trata de juzgar decisiones individuales; se trata de advertir un fenómeno colectivo: la preocupante normalización del abstencionismo como una opción cómoda y socialmente aceptada.

El riesgo es real. Recordemos que en las pasadas elecciones atípicas en Bucaramanga apenas votó el 26,43 % de los ciudadanos habilitados. Aunque los expertos en materia electoral ofrecen explicaciones técnicas sobre esa baja participación, el resultado es evidente: la ciudadanía no se sintió convocada. Hoy, pese a los llamados de los medios de comunicación, gremios y sectores cívicos que buscan derrotar el abstencionismo, el ambiente en las calles es de resignación y apatía. Esa percepción no se puede ignorar; es un síntoma de fatiga democrática y erosión de la confianza institucional.

La Constitución Política de 1991, en su artículo segundo, establece los fines esenciales del Estado y el deber de las autoridades de garantizarlos. Elegimos gobernantes y legisladores para que sirvan a la comunidad, promuevan la prosperidad general, faciliten la participación y aseguren la convivencia pacífica dentro de un orden justo. Sin embargo, la brecha entre ese mandato y la realidad resulta cada vez mayor. Basta observar el estado de la infraestructura pública en la ciudad, como las estaciones abandonadas de Metrolínea utilizadas para otros fines, convertidas en símbolo del deterioro institucional y de la falta de planeación en la gestión pública. Es la representación visible de una promesa incumplida.

Los ofrecimientos de cambio no seducen; los discursos reiteran fórmulas vacías y no presentan una hoja de ruta concreta. La percepción es que van a predominar las maquinarias, mientras el voto de opinión, significativo en el casco urbano, no ha sido cautivado por propuestas transformadoras. La ciudadanía exige soluciones viables para enfrentar problemas como la crisis ambiental del Carrasco, la presión de la inflación, la carga de los impuestos y el crecimiento de la informalidad, entre otros.

Quedan pocos días. La democracia no se puede limitar a la polarización. Requiere convicción, liderazgo y responsabilidad compartida. Muchos santandereanos aún no deciden si votarán y, de hacerlo, por quién. La pregunta es quién será capaz de reconstruir la confianza y devolver sentido al acto de votar; porque, cuando la ciudadanía renuncia a participar, no castiga a la clase política, debilita su propia capacidad de decidir su rumbo.

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