“En esta casa no se habla de política ni de religión”. Esta frase de cajón describe con precisión el tipo de democracia que hemos tenido y cuya ruptura constituye, a mi juicio, uno de los logros del gobierno Petro. En Colombia nos acostumbramos a una aparente armonía institucional que no era otra cosa que la coincidencia práctica de ideas entre las distintas entidades del Estado. No había debate porque, en esencia, se pensaba igual.

Esa coincidencia, muchas veces celebrada como estabilidad, ocultaba las diferentes perspectivas sobre cómo entender y enfrentar los retos económicos e institucionales. En un contexto global marcado por la reconfiguración del comercio internacional, la multipolaridad, los avances tecnológicos y las tensiones geopolíticas, la ausencia de debate no puede interpretarse como fortaleza democrática, sino como debilidad.

La discusión entre el Gobierno y el Banco de la República no es una ruptura del sistema, sino su activación. Lo que observamos es la coexistencia de dos racionalidades económicas distintas. El Gobierno, con énfasis en el crecimiento y el empleo, cuestiona los efectos de una política monetaria restrictiva. El banco central, por su parte, responde a un mandato constitucional orientado al control de la inflación, incluso si ello implica desacelerar la economía.

Esta tensión tiene raíces teóricas profundas. De un lado, la tradición asociada a John Maynard Keynes resalta el papel activo del Estado en la estabilización de la economía y en el impulso de la demanda agregada. Del otro, la perspectiva de Milton Friedman sostiene que la inflación es, ante todo, un fenómeno monetario que debe ser contenido mediante una política de aumento de las tasas de interés.

Colombia optó, desde la Constitución de 1991, por dotar al banco central de independencia frente al gobierno de turno, bajo una lógica que privilegia la estabilidad del poder adquisitivo del dinero por encima de los ciclos económicos. Es decir, constitucionalizó la visión monetarista. Por eso, la contradicción entre el Gobierno y el banco central no debería preocuparnos por su existencia; al contrario, hay que promoverla y profundizarla si es necesario.

El riesgo no está en el desacuerdo. El filósofo Estanislao Zuleta defendía el conflicto como una condición necesaria de la democracia. Una sociedad que no debate, decía, es una sociedad que no piensa. Cuando se impone la idea de que solo una visión es válida, la democracia se debilita.

Al final, una democracia madura no es aquella en la que todos piensan igual, sino aquella en la que las diferencias se hacen visibles. Y, si después de ese debate la sociedad decide redefinir el papel de sus instituciones, que así sea. Más aún, es menos viable para una sociedad mantener instituciones estáticas en un mundo abiertamente dinámico.

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