El mínimo del mínimo |
Era de esperarse que el aumento del salario mínimo en 23% mantuviera vivo el debate durante los primeros meses del año. Cuando el sector empresarial comenzaba a ajustarse a esta nueva realidad, el Consejo de Estado reabrió la discusión al suspender el incremento. Desde entonces, el tema dejó de ser técnico y terminó atrapado en la contienda política, un escenario donde las posiciones han venido cambiando a favor a medida que se acercan las elecciones.
Si se deja de lado el ruido de quienes ahora prometen reducir impuestos para sostener el aumento, y también el componente jurídico que terminará resolviéndose bajo el principio de no regresividad, aparece el asunto central. El verdadero punto de fondo está en una idea que normalizamos durante décadas: la creencia de que el salario mínimo solo debe crecer al ritmo de la inflación del año anterior. Lo que nació como una garantía para evitar retrocesos en tiempos difíciles terminó convertido en un techo que limita cualquier avance hacia el bienestar.
Cuando la inflación marca 5%, todo aumento cercano se celebra como prudente y cualquier desviación se interpreta como un riesgo macroeconómico. El piso constitucional que protege el poder adquisitivo dejó de funcionar como base y pasó a operar como techo. El país se habituó a discutir no cuánto podría mejorar la vida de los trabajadores en una economía que crece, sino cuánto se puede impedir que pierdan los trabajadores frente al alza de los precios.
Las cifras muestran que, desde el año 2000, los incrementos del salario mínimo apenas alcanzan a igualar o superar por poco la inflación pasada. Se cumple de forma estricta el mandato constitucional, nada más. Mientras tanto, la economía vivió ciclos de expansión, momentos de crecimiento sólido y periodos de recuperación rápida. El PIB no se mantuvo inmóvil, la productividad tampoco. Sin embargo, los beneficios de esos avances no llegaron con la misma fuerza a quienes dependen del mínimo.
La ley exige tener en cuenta variables como la productividad, el crecimiento y la participación en el ingreso nacional. Cuando la riqueza se concentra y el salario apenas sigue una fórmula de indexación, el resultado es claro. El mínimo alcanza para sobrevivir, no para vivir con bienestar. Es asumir que millones de colombianos solo pueden aspirar a no retroceder.
Quedarnos con el mínimo constitucional como meta tiene un costo adicional. Renunciamos a fortalecer la capacidad de compra de quienes destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo inmediato, lo que frena de forma directa la demanda. El reto está en comprender que un salario mínimo que apenas conserva poder adquisitivo no es una política económica, es una tan solo contención para tiempos muy difíciles.