Colombia pasó de tener un sistema de salud elogiado por la OMS y The Lancet —por su cobertura (casi 99% de la población colombiana con bajos costos y por la calidad de su atención médica) a un escenario de cuidados intensivos provocado no por un virus, sino por una ideología. El ejecutivo, tras fracasar en el congreso y a espaldas de la ley, decidió aplicar una eutanasia administrativa al sistema.

La estrategia ha sido tan metódica como cruel: asfixiar financieramente a las EPS mediante la no actualización de la UPC, retrasar los giros y luego intervenirlas por falta de recursos. Es ejecutar el shu, shu, shu programado. El resultado no son cifras en una hoja de Excel, son vidas humanas. Nombres como Kevin, Cecilia y Jeisson son el testimonio silencioso de una crisis provocada donde la falta de medicamentos y el cierre de servicios son el pan de cada día.

¿Quién responde por este desastre? Y por lo que viene, si se ejecuta la estatización de la Nueva EPS, donde quieren hacinar a millones de usuarios con la liquidación de las EPS intervenidas. Habrá más muertos esperando una cita; peor demora en la entrega de medicamentos; mínima atención a las enfermedades huérfanas y el cáncer en la población infantil y mayor tiempo en autorización y programación de cirugías. Y todo ello so pretexto de democratizar la salud, derecho que quiere convertir en laboratorio de experimentos estatistas que fracasaron en el pasado con el Seguro Social.

La excusa de que el cambio es por acciones ilegales en las EPS y en las IPS, porque no han llevado a sus autores a la cárcel con condenas ejemplares que sirvan de lección a quienes pretendan seguir delinquiendo (solo aparece la de Palacino). La constitución es clara: el Estado es el garante final. Ante la omisión del congreso y la osadía del ejecutivo de burlar incluso las órdenes de la Corte Constitucional, el camino es la acción judicial. No más silencio, hagamos uso de ella.

El daño está hecho y el perjuicio debe repararse. Cada tratamiento negado, cada cirugía postergada y cada lesión o vida perdida por acción u omisión estatal debe traducirse en una demanda de responsabilidad contra el Estado. El bolsillo de los responsables debe sentir el peso de su plan macabro. No permita que su salud sea el sacrificio en el altar de un proyecto político. Si ellos no lo cuidan, la justicia los obligará a pagar.

Ciudadano, si Ud. quiere defender su derecho a la salud y quiere reclamar por el daño y los perjuicios causados, debe acudir de inmediato a los estrados judiciales; no deje pasar el tiempo y no tenga miedo de hacerlo, estamos prestos para asesorarlo.

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