Cepeda y el deseo de desmantelar las instituciones |
En Barranquilla, el 06/02/2026, Iván Cepeda declaró que de ser presidente promovería una reforma política con el objetivo de suprimir el Consejo de Estado y el Concejo Nacional Electoral. La supresión del Consejo implicaría la eliminación del juez responsable de controlar la legalidad de los actos del ejecutivo.
En ausencia de dicha institución, ¿Quién asumiría la responsabilidad de suspender o anular los decretos presidenciales que vulneren la Constitución y la Ley? ¿Quién impediría que el gobierno expropie sin ley o cobre impuestos ilegales? ¿Quién ampararía al servidor público destituido arbitrariamente por razones políticas? ¿Quién defendería al ciudadano de las sanciones administrativas o abusos de autoridad? ¿Ante quién se podría reclamar la reparación por los daños antijurídicos causados por la administración por acción u omisión de las autoridades? ¿Quién garantizaría la elección correcta de congresistas, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores? ¿Dejaría de existir la pérdida de investidura? Al eliminarlo, el poder ejecutivo asumirá el control absoluto, lo que conllevaría a la monarquía administrativa, especialmente en un contexto errático como el actual, que tiende a la soberbia en el ejercicio del poder.
Error garrafal. Para llevar a cabo esta tarea se necesita una reforma constitucional que, de ser aprobada por el Congreso, podría ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, porque ella constituiría una refundación del Estado, labor que desbordaría su competencia reformatoria, que le impide suprimir un elemento esencial de la Constitución de 1991: la división del poder, los controles y equilibrios, en este caso, la autonomía e independencia de la Rama Jurisdiccional Especializada, que representa una garantía para los gobernados y la soberanía del principio de legalidad.
Es evidente que el candidato Cepeda no está de acuerdo con la postura del Consejo de Estado de anular numerosos decretos emitidos por el gobierno actual por ser contrarios a la Constitución y la ley. Entre estos se encuentran el decreto de la consulta popular, la reforma a la salud por decreto, el traslado de usuarios de las EPS sin su consentimiento, los múltiples nombramientos en embajadas y consulados sin cumplir con los requisitos legales y el de Cielo Rusinque. El poder tiene límites y no puede ser utilizado con desviación para pagar favores o blindar investigaciones. Las instituciones pertenecen a la República y no al proyecto político personal del presidente, y tampoco se pueden reconfigurar las instituciones en función de las frustraciones políticas.
El Consejo de Estado fue establecido con el propósito de salvaguardar al ciudadano frente al leviatán estatal al que aspira convertir el progresismo. Tras décadas de existencia del Consejo de Estado se ha demostrado que el poder requiere límites para evitar su exceso.
Ciudadano: ¿Existirán garantías legales si Cepeda accede a la presidencia? Piense bien antes de votar.