En 1995, el gobierno de los Estados Unidos implementó una de las herramientas más efectivas en la lucha contra el narcotráfico: la conocida Lista Clinton, hoy administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Su funcionamiento es sencillo. Quien ingresa a esa lista ve bloqueados sus activos bajo jurisdicción estadounidense y queda prácticamente aislado del sistema financiero internacional. No reemplaza un proceso penal. No dicta una condena. Pero produce una consecuencia inmediata que dificulta enormemente la operación financiera de quienes representan un riesgo para la sociedad.

Treinta años después, Colombia enfrenta un enemigo que destruye las instituciones con la misma capacidad que el narcotráfico: la corrupción.

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