Cumplir lo imposible |
Hay decisiones regulatorias que parecen razonables cuando se leen en un comunicado de prensa, pero que pierden toda coherencia cuando se contrastan con la realidad técnica del sector al que pretenden regular. Algo de eso ocurre con el nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado publicado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
La regulación anuncia una reducción en las tarifas para los usuarios. A primera vista, nadie podría oponerse a ese objetivo. El acceso al agua potable y al saneamiento debe ser eficiente, universal y financieramente sostenible. El problema aparece cuando la promesa de tarifas más bajas se acompaña de nuevas obligaciones operativas, mayores exigencias técnicas y estándares que implican inversiones significativas para los prestadores.
En el sector de agua potable los resultados no se logran con decretos. Se logran con infraestructura, con redes, con estaciones de bombeo, con plantas de tratamiento y con programas de reposición que toman años en diseñarse y ejecutarse.
Un ejemplo claro es el índice de pérdidas. Reducir el Índice de Pérdidas por Usuario Facturado es, sin duda, un objetivo deseable. Cada metro cúbico que se pierde en las redes representa ineficiencia operativa y presión sobre las fuentes hídricas. Pero la reducir las pérdidas requiere inversiones sostenidas en sectorización hidráulica, reposición de redes, micromedición, tecnología y gestión; no ocurre por arte de magia, ni se hace efectiva con la publicación de un decreto.
En Colombia, muchas de estas inversiones se estructuran dentro de los Planes de Obras e Inversiones Regulados, instrumentos que tienen horizontes de ejecución de diez años. Pretender imponer nuevas metas de reducción de pérdidas a partir de julio de 2026 desconoce no solo la planeación financiera de los prestadores, sino también la naturaleza misma de las obras de acueducto y alcantarillado.
Quienes hemos trabajado en la estructuración de proyectos de agua sabemos que cada decisión técnica tiene implicaciones financieras, jurídicas, organizacionales y territoriales. Precisamente por eso, desde la Agenda Estratégica del Agua hemos insistido en algo elemental: los problemas del sector deben abordarse con planificación de largo plazo, con metas realistas y con articulación entre actores.
El país necesita mejorar la eficiencia de sus sistemas de acueducto. Necesita reducir pérdidas, ampliar cobertura y fortalecer la gestión ambiental del servicio. Pero esos objetivos solo se logran con inversiones escalonadas y con reglas regulatorias coherentes y sostenibles.
Cuando la regulación pierde conexión con la realidad operativa del sector, el riesgo no es solo generar incertidumbre. El riesgo es frenar la inversión y debilitar la sostenibilidad del servicio.
No es justo que en Colombia se obligue a los prestadores a cumplir lo imposible, mucho menos en el nombre de los menos favorecidos. Ojalá en el próximo gobierno tengamos la fortuna de tener líderes sensatos y conscientes de la importancia de las empresas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.