Los servicios públicos esenciales no son un lujo ni una comodidad. Son la infraestructura invisible que sostiene la vida moderna. Por eso la Constitución y la Ley 142 de 1994 establecen que su prestación debe ser continua y eficiente y que, en el caso de este tipo de servicios, el derecho a la huelga tiene límites precisos. No se trata de favorecer a una empresa, ni de vulnerar los derechos de los trabajadores. Se trata de proteger a la sociedad.

Cuando hablamos de energía no hablamos de confort. Hablamos del funcionamiento de hospitales y centros de diagnóstico, de sistemas de semáforos y de alumbrado público, de telecomunicaciones, de la actividad productiva de miles de pequeños negocios que no resisten interrupciones prolongadas. La electricidad no es un servicio accesorio, es la condición que permite que otros derechos se ejerzan. Interrumpirla no genera una molestia, genera un riesgo.

Resulta grave que se utilice la amenaza de una huelga en un servicio esencial como herramienta de presión. No estamos ante un desacuerdo laboral ordinario. Estamos ante la posibilidad de exponer a una región entera a una situación cuya recuperación puede ser compleja y cuyos efectos económicos y sociales pueden multiplicarse rápidamente. La continuidad del servicio eléctrico no admite improvisaciones ni pulsos políticos.

Pero lo más inquietante es la actitud del Ministerio del Trabajo. En lugar de ejercer un liderazgo claro en defensa del interés general, parece enviar señales de respaldo o tolerancia frente a una postura que compromete la estabilidad de un servicio esencial. Esa ambigüedad institucional transmite un mensaje peligroso, y es que el riesgo colectivo puede convertirse en una variable más dentro de la negociación de un pliego de condiciones.

Ya vimos lo que ocurrió en el sector salud cuando se promovieron transformaciones profundas sin un análisis riguroso de sus efectos financieros y operativos. El resultado fue incertidumbre, debilitamiento institucional y angustia para millones de usuarios. No fueron los promotores de la reforma quienes asumieron el costo inmediato, fueron los ciudadanos que dependían del sistema.

Repetir esa lógica en el sector eléctrico sería una irresponsabilidad mayor. La energía no puede convertirse en un instrumento de presión política ni en un experimento institucional. Cuando el Estado no actúa con firmeza frente a la amenaza sobre un servicio esencial, termina trasladando el riesgo (y el costo) a la población.

La negociación colectiva es un derecho legítimo. Sin embargo, ningún derecho puede ejercerse sacrificando la vida, la seguridad y la estabilidad de quienes no están sentados en la mesa de negociación. El interés general debe prevalecer.

Con la salud aprendimos que jugar con servicios esenciales tiene consecuencias reales. Con la energía no podemos cometer el mismo error. Con los servicios esenciales no se juega.

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