Aunque la solución sigue siendo la conformación del Distrito Especial de Real de Minas que integra (por lo menos) a Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón, las alcaldías metropolitanas, por primera vez en la historia, afinan el ejercicio de autoridad de manera articulada y unívoca, presentan el pico y placa regional en procura de los intereses generales y, como era de esperarse, hay oposición.

Ante la previsible inconformidad por la medida restrictiva y los conatos de protesta social, sabiamente se ofrecen espacios para la concertación y el diálogo, que deben aprovecharse para proteger los derechos de las personas que derivan el sustento diario en actividades como la mensajería y los domicilios, sin olvidar que en septiembre del año pasado, 139 personas acumulaban en Bucaramanga más de 2.970 motocicletas, que entre estos coleccionistas hay dos ciudadanos que tienen registradas a su nombre más de 100 motocicletas cada uno y que, la actividad de alquiler de vehículos privados con fines laborales o turísticos, no tiene control por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o, por obvias razones, tampoco del Ministerio de Transporte.

Seguramente las alcaldías ya se enteraron de en dónde se alquilan las motos sin cumplir los requisitos legales y podrán intervenir la actividad industrial y comercial que, además de instrumentalizar cual esclavos a personas que procuran un ingreso diario subnormal, con su emprendimiento, se lucran generando congestión vial.

De otra parte, en la lucha contra la informalidad en el transporte, la medida del pico y placa poco aporta, ya que esta propende por liberar capacidad en la vía pública durante las horas de mayor congestión y busca bajar el nivel de emisiones contaminantes, disminuir la accidentalidad, desviar la demanda al transporte público (que no hay), pero principalmente promueve el uso de tipos de movilidad alternativa, como bicicletas, patines, además de fortalecer la conciencia ciudadana en el uso de los vehículos particulares.

Para disminuir el uso de transporte informal e ilegal, la solución es ofrecer un servicio público formal estándar, cómodo, y seguro, eficiente, oportuno y económico y no variante, improvisado, sin rutas y frecuencias que no se ajusten a la demanda.

Por su parte las alcaldías y la gobernación deberán reconsiderar la invitación que se hace al ejército para el control de la protesta social bajo la excusa de proteger objetivos estratégicos, como si se tratara de una guerra y, como lo han hecho, apostarle al diálogo social para la prevención y la transformación de la conflictividad.