Bucaramanga, una ciudad que busca rescatar su identidad con los parques y recuperar su categoría de vividero (espacio geográfico en el que se podía vivir sabroso), está leyendo y escuchando lo que quería y deseaba, pero, contrario a mi deseo ciudadano, la efectividad de la medida normativa de prohibir el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en los parques de la ciudad, no tendrá un impacto permanente y real, especialmente, por la falta de capacidad operativa de las autoridades de policía que, además de ejercer sus funciones constitucionales y legales, sigue ocupando gran parte de su pie de fuerza metropolitano, más allá del deber legal, en la custodia de personas privadas de la libertad hacinadas en sus estaciones, en un estado de cosas inconstitucional.

Las normas necesarias para hacer cumplir lo ordenado en Bucaramanga existen para el ámbito nacional, están vigentes y tienen regulación jurisdiccional de la Corte Constitucional, priorizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes y garantizando al mismo tiempo los derechos del consumo y porte definidos en la sentencia C-127-23, por lo que el reciente decreto saldría sobrando, pero, al definir efímeramente los lugares restringidos (libres de exposición), aunque se genera incertidumbre, es un paso firme en ejercicio de la autonomía territorial con sustento de proporcionalidad, bien razonado.

Hay que reconocer el oriente que se marca, la voluntad que le asiste al alcalde, la agilidad de su equipo para redactar una primera pieza del rompecabezas que nos han dejado y, por lo mismo, apoyar el laboratorio de cultura ciudadana que se propone para el Parque de los niños, aunque vivamos más allá de los 60 metros.

El gobierno municipal, que debería ser el del Distrito Especial, está destapando aún las fichas del rompecabezas y, entre ellas, habrá de encontrar que está pendiente el Centro de Atención en Drogadicción (CAD) municipal, que son salas de atención, tratamiento y rehabilitación integral, para personas con problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas que deberá estar a cargo de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Gobernación.

La medida disuasiva se extiende a centros históricos, centros deportivos, entornos escolares y 223 parques, más 60 metros contados desde sus perímetros que requerirán señalización informativa y disuasiva.

Entonces falta mapear los colegios, centros históricos, colegios públicos y privados, parques, habilitar el CAD, crear el Centro de Detención Transitoria y la cárcel municipal o el convenio con el Inpec permitiendo a todos los policías, salir a trabajar.