Caso ESSA: De vida o muerte |
El conflicto laboral que hoy atraviesa la ESSA no es un simple pulso entre sindicato y empresa. Aquí lo que está en juego es la estabilidad de un departamento entero. Cuando una compañía de energía entre en tensiones con sus trabajadores, no se discute únicamente un pliego de peticiones sino la continuidad de los servicios que sostienen la vida, la seguridad y la institucionalidad de Santander.
La ESSA tiene bajo su responsabilidad casi cinco mil entidades que dependen de su funcionamiento diario. Hablamos de hospitales y clínicas que necesitan energía para mantener en operación unidades de cuidados intensivos, quirófanos, sistemas de refrigeración de medicamentos y equipos vitales. También de pacientes electrodependientes que sencillamente no pueden sobrevivir si un ventilador o una bomba de infusión se apaga. A esto se suman hogares geriátricos donde cientos de adultos mayores requieren condiciones eléctricas estables para su bienestar y tratamiento. Y si avanzamos un poco más, aparecen los acueductos de los municipios, que sin energía dejan de bombear agua, las cárceles que dependen de sistemas eléctricos para funcionar sin poner en riesgo la seguridad interna, las comisarías, las estaciones de policía, los bomberos, los aeropuertos, las instituciones educativas, los nodos de telecomunicaciones, los semáforos y el alumbrado público. Toda una red institucional que, si se apaga, no afecta a la ESSA sino a la región completa.
Por eso hablar de una huelga, o de una “hora cero”, sin comprender esta dimensión es irresponsable. El derecho de huelga existe, es legítimo y está protegido por la Constitución. Pero también lo está la garantía de continuidad de los servicios públicos esenciales, y la energía eléctrica lo es. Aquí no estamos ante un servicio accesorio; estamos frente a la condición mínima para que la sociedad funcione.
Lo paradójico es que, pese a la gravedad de la situación, el panorama laboral interno no es precisamente el de una empresa precarizada. En la ESSA no existe un solo trabajador que gane el salario mínimo, y un empleado con formación de bachiller supera holgadamente los cuatro millones de pesos mensuales contando todos los factores prestacionales adicionales. Aun así, la negociación ha avanzado entre propuestas económicas importantes ofrecidas por la empresa, que de hecho van más allá de lo que hoy se paga. Pero ese dato parece desvanecerse en medio de discursos duros que buscan convertir un conflicto laboral en un pulso de fuerzas que, de escalar, tendría consecuencias sociales incalculables.
El punto no es deslegitimar al sindicato ni idealizar a la empresa. El punto es que en un servicio esencial no se puede jugar a poner en riesgo a miles de personas para presionar una negociación. Aquí la responsabilidad debe ser compartida: de la empresa, que debe mantener canales reales de diálogo; del sindicato, que no puede convertir la energía en carta de juego; y del Estado, que debe asegurar que los derechos colectivos no queden sometidos a la tensión de un conflicto interno.
El “caso ESSA” no es un debate sobre salario o convenciones colectivas. En esta columna creemos fielmente que es un asunto de vida o muerte. Eso exige un nivel distinto de sensatez, proporcionalidad y responsabilidad de todos los actores.