Con temor vivenciamos el reacomodamiento de las fuerzas de la naturaleza sobre nuestros pies. Incrédulos e inermes poco a poco nos fuimos enterando de la magnitud e impacto en buena parte del país, en especial en el área occidental, Asocapitales actualizó la cifra de personas afectadas: 169 fallecidas y 1246 heridas; además, van 152 estructuras totalmente colapsadas. Lo evidente es que se requerirán medidas especiales para enfrentar las reparaciones, contexto bajo el cual, en otras ocasiones, se han hecho prevalecer los mezquinos intereses del enriquecimiento y la corrupción.

El terremoto además vino a cuestionar el capricho del recién posesionado Presidente, de ejercer su mandato desde el relajamiento que le permite Barranquilla. Presuroso debió abordar un vuelo privado para dirigirse al centro institucional de mando en Bogotá, al que llegó con aires de chabacano como si el país estuviese de fiesta, a fin de instalar el Puesto de Mando Unificado desde el cual intentará dirigir las primeras medidas. Entre ellas, por supuesto, la declaratoria de Desastre Nacional, que de acuerdo a Ley 1523 de 2012, activa un régimen especial de excepción jurídica, presupuestal y administrativa, que facilite medidas ágiles para superar la crisis.

Tal declaratoria, entre otras, le permite al gobierno la contratación directa a través de entidades de orden nacional y territorial, omitiéndose los procesos y plazos que normalmente se requieren. También admite traslados del Presupuesto General de la Nación, que pueden ser ejecutados mediante la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) y su Fondo. Debiéndose en forma posterior elaborar un Plan de Acción para la Recuperación, que de acuerdo a experiencias anteriores podría ser fondeado mediante la creación de nuevos y extraordinarios impuestos, una vez se declare El Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, de acuerdo al artículo 215 de la Constitución.

Tales medidas delegan poderes especiales y dan la posibilidad de administrar a discreción importantes masas de capital, abriéndose con ellas la posibilidad de que primen los mezquinos intereses del enriquecimiento privado sobre la satisfacción de las necesidades que demandan las familias damnificadas, tal........

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