El coste oculto de la violencia en las protestas

Una manifestación termina. Las cámaras se marchan. Se apagan los contenedores incendiados, se retiran los cristales y las calles recuperan poco a poco su aspecto habitual. Pero el conflicto no desaparece con la última imagen del telediario. El primer balance permite contar locales afectados e intervenciones. Queda por valorar cuánto cuesta reparar los daños y recuperar la actividad.

La jornada de huelga general del 11 de noviembre ofrece un ejemplo reciente. Los balances difundidos por el Ministerio del Interior y las policías suman más de cien detenciones en distintas provincias por distintos motivos. Interior comunicó 39 arrestos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y la Ertzaintza informó de 16. En Barcelona la Generalitat contabilizó 52. Falta valorar el perjuicio económico. Para ello hay que esperar a conocer y examinar los daños concretos.

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¿Quién soporta el coste?

El derecho de reunión y manifestación constituye una pieza esencial de una sociedad democrática. Precisamente por eso resulta importante separar su ejercicio de la violencia que pueda acompañarlo.

Cuando una minoría destruye bienes públicos o privados, el coste se distribuye entre personas que muchas veces no participaron en el conflicto: contribuyentes, comerciantes, trabajadores, vecinos y usuarios de los servicios afectados.

Ese es quizá el coste más oculto. Una farola rota........

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