El 14 de junio de 2026, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento que promete despejar el estrecho de Ormuz. Los mercados lo celebraron de inmediato: el precio del petróleo cayó, el gas licuado se abarató y los titulares anunciaron alivio para las facturas. Todo parecen buenas noticias. El problema es que, en política energética, las buenas noticias a corto plazo son con frecuencia malas noticias a largo plazo.

Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial y alrededor del 20 % del comercio global de gas natural licuado (GNL). Cuando las tensiones con Irán escalaron a partir de marzo de 2026 y el tráfico se contrajo de forma severa, ese dato dejó de ser una abstracción estadística y se convirtió en precios de la energía disparados, y, por ende, en costes industriales más altos y en facturas domésticas que apretaron los presupuestos familiares de Cádiz a Tallin.

Las consecuencias para España fueron relativamente limitadas: apenas el 2 % de su gas transita por ese estrecho, y su suministro descansa sobre Argelia –que sostuvo el 33 % del total en 2026– y sobre Estados Unidos, por vía marítima.

En el suministro físico, España hizo los deberes; en la transición estructural, queda trabajo pendiente: el gas y el petróleo cotizan en mercados globales: cuando Ormuz tose, el recibo de la luz estornuda en Parla, en Sevilla y en Bruselas por igual.

La UE sigue recurriendo al gas natural licuado

Durante los meses de tensión, la Unión Europea reaccionó con una velocidad sorprendente. Las aprobaciones de parques solares se aceleraron, las licitaciones eólicas aumentaron y varios Estados miembros adelantaron compromisos de electrificación industrial. Eso es real y merece reconocimiento.

Sin embargo, si se mira dónde fue la mayor parte del gasto........

© The Conversation