El Chile en que habitamos durante las últimas décadas se derrumbó en octubre de 2019. Para algunos ese derrumbe fue necesario; para otros, un error. Muchos lo vieron como inevitable, el resultado final de fracturas sociales profundas que llevaban ya una década manifestándose en las calles; unos pocos creyeron divisar manos oscuras que lo habían causado. Interpretaciones sobre el llamado “estallido social chileno” hay tantas como posturas ante el mismo y nada hace creer que ello cambiará en un futuro próximo. Lo que sí es innegable es que en 2019 se desató la crisis más grave de la historia democrática reciente del país, que esa crisis aún no ha terminado y que el proceso constituyente que desde entonces vivimos ha sido la única salida política propuesta para enfrentarla.

Por supuesto, “proceso constituyente” no es lo mismo que “propuesta de nueva Constitución”. En palabras simples: defender este proceso no obliga a aprobar el texto que se nos ha propuesto. Ante este último, cabe hacerse la misma pregunta que nos hiciéramos respecto al proceso: ¿nos permite este camino alejarnos de la crisis, del derrumbe, y empezar a construir algo propio y nuevo? Luego de una reflexión profunda, he llegado a la convicción de que sí. Cuatro razones fundamentales me llevan a creer que aprobar es la mejor opción si nuestro objetivo es avanzar.

La primera tiene que ver con el principio de igualdad sustantiva. Nuestro actual orden constitucional se basa en la igualdad formal, aquella que establece que cada quien posee la misma condición ante los ojos del Estado y la ley. La igualdad sustantiva no rechaza esto, pero va un paso más allá, reconociendo que algunos entre nosotros, por razones ajenas a su voluntad (su género, etnia, edad, o incluso una discapacidad) han visto obstaculizado el recibir esta igualdad de trato y oportunidades. Mucho se ha hablado de los nuevos derechos sociales, pero no tanto de los derechos de los grupos históricamente excluidos que reconoce, por primera vez en nuestra historia, esta propuesta constitucional. No se trata, como algunos han querido tramposamente instalar, de privilegio alguno. Es, más bien, reconocer las exclusiones históricas que como sociedad hemos generado y hacernos cargo de ellas colectivamente. La fe en el interés personal y la competencia como el mejor camino para alcanzar el bien común fue uno de los pilares del orden que se derrumbó en 2019. Construir uno nuevo, que tenga posibilidad de perdurar, requiere comenzar a entendernos como una comunidad y no sólo como una suma de individuos.

Proceso constituyente” no es lo mismo que “propuesta de nueva Constitución”. En palabras simples: defender este proceso no obliga a aprobar el texto que se nos ha propuesto. Ante este último, cabe hacerse la misma pregunta que nos hiciéramos respecto al proceso: ¿nos permite este camino alejarnos de la crisis, del derrumbe, y empezar a construir algo propio y nuevo? Luego de una reflexión profunda, he llegado a la convicción de que sí”.

La segunda razón tiene que ver con los derechos sociales. No con su ampliación, ni con la mayor presencia que cobra el Estado en su provisión, sino con la posibilidad de pensar nuevas formas para enfrentar estas demandas. Se ha buscado instalar que la propuesta constitucional, al igual que la Constitución vigente, establece y amarra un “modelo”. El análisis del texto no permite probar esa afirmación. La Constitución vigente efectivamente define un solo camino para proveer derechos sociales –la acción del mercado– sin dejar espacio para otros. La propuesta de nueva Constitución cierra el camino del mercado como única respuesta, es cierto, y afecta a actores privados particulares (las AFPs y las Isapres, particularmente) pero no establece un solo camino. La definición del sistema previsional es el mejor ejemplo. Incorporar a este el principio de solidaridad, no es lo mismo que decir que se establecerá un sistema 100% solidario: más bien, supone que sistemas que combinen con distinto peso componentes individuales y solidarios serán por fin posibles. Algo similar ocurre con las normas de educación, salud y vivienda. Ante los desafíos del nuevo siglo, la posibilidad de “pensar fuera de la caja” e imaginar nuevas respuestas a viejos problemas, es una necesidad. La nueva Constitución establece un Estado social de derecho, pero no define un único camino posible para desarrollarlo.

La tercera razón tiene que ver con la política y el rol que la ciudadanía cobra en esta. El estallido social tuvo entre sus causas la exclusión sufrida por muchos sectores de la sociedad y la incapacidad de un modelo único e inmutable para dar respuesta a sus demandas. La ciudadanía llevaba más de una década levantando estas alarmas y cuestionamientos pero, por diversos motivos, la clase política hizo oídos sordos (y quienes no, encontraron en sus pares un obstáculo infranqueable). Una olla a presión, sin válvulas de escape, tiene siempre un final previsible. Se ha hablado poco de ello, pero una de las principales fortalezas de esta propuesta constitucional es que crea esas “válvulas”: mecanismos de participación ciudadana incidente y vinculante.

Una olla a presión, sin válvulas de escape, tiene siempre un final previsible. Se ha hablado poco de ello, pero una de las principales fortalezas de esta propuesta constitucional es que crea esas “válvulas”: mecanismos de participación ciudadana incidente y vinculante”.

De aprobarse este texto, la ciudadanía tendrá caminos institucionales para incidir en la discusión legislativa, si es que la clase política vuelve a ignorarla o se desentiende de ella. No sólo eso: la iniciativa de derogación de ley se establece como un contrapeso más dentro del sistema político, pudiendo ciudadanas y ciudadanos contrarrestar decisiones del Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones que les parezcan arbitrarias o perjudiciales. Incluso, se crea un mecanismo para que la ciudadanía, en caso de perder este nuevo texto su legitimidad, pueda decidir iniciar un nuevo proceso constituyente. Quisiera saber cuán distinto habría sido octubre del 2019 si hubiéramos contado entonces con un mecanismo como éste.

Finalmente, pase lo que pase el cuatro de septiembre, el cinco la pelota volverá al Congreso, sea para definir si es que habrá un nuevo proceso constituyente y cómo será (de ganar el Rechazo) o de qué manera se implementará o sufrirá modificaciones el texto constitucional (si vence el Apruebo). La composición actual del Poder Legislativo es la cuarta razón que sustenta mi postura. De imponerse el Rechazo, los 24 votos de Chile Vamos en el Senado le permitirían bloquear cualquier reforma al texto vigente, incluyendo un nuevo proceso constituyente con cuyos mecanismos no estén de acuerdo. Las llaves del camino hacia adelante quedan, en ese escenario, en manos de una sola coalición y su cordura y voluntad. En cambio, de imponerse el Apruebo, ninguna coalición por sí sola tendrá los 3/7 necesarios para bloquear reformas o formas de implementación del nuevo texto, obligando a un escenario diálogo y la negociación entre distintos sectores, donde quién no quiera dar su brazo a torcer se verá necesariamente excluido. No sólo eso, sino que la ciudadanía también podrá hacerse parte de este proceso, sea a través de los mecanismos de participación ya señalados (iniciativas de reforma constitucional incluidas) o porque algunas de las eventuales reformas requerirán nuestra validación a través de un referendum ratificatorio. Ello permitirá, además, evitar decisiones tomadas en base a encuestas o acusaciones de “cocina”, contribuyendo a construir una mayor adhesión a y legitimidad de nuestro orden constitucional.

Ante la crisis política y social más grande de las últimas tres décadas, como país decidimos responder con democracia. Y a pesar de una pandemia, crisis económicas y una creciente tensión social, lo hemos seguido haciendo. Es una razón para sentirnos orgullosos de nosotros mismos, así como para acudir a las urnas este cuatro de septiembre y decidir qué camino queremos tomar en la bifurcación que cierra este proceso. Estoy convencido de que cada uno de nosotros debe votar a conciencia, que ambas opciones en la papeleta son legítimas, y que satanizar una o la otra sólo anula la democracia y la política. Pero también estoy convencido de que una de las opciones en la papeleta nos entrega más y mejores herramientas para alejarnos del derrumbe y empezar a construir colectivamente, caminando hacia un nuevo Chile en que valga la pena vivir, y vivir juntos. Por ello, en este plebiscito de salida, yo voto Aprobar para Avanzar.

QOSHE - Aprobar para Avanzar - Rodrigo Mayorga
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Aprobar para Avanzar

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29.08.2022

El Chile en que habitamos durante las últimas décadas se derrumbó en octubre de 2019. Para algunos ese derrumbe fue necesario; para otros, un error. Muchos lo vieron como inevitable, el resultado final de fracturas sociales profundas que llevaban ya una década manifestándose en las calles; unos pocos creyeron divisar manos oscuras que lo habían causado. Interpretaciones sobre el llamado “estallido social chileno” hay tantas como posturas ante el mismo y nada hace creer que ello cambiará en un futuro próximo. Lo que sí es innegable es que en 2019 se desató la crisis más grave de la historia democrática reciente del país, que esa crisis aún no ha terminado y que el proceso constituyente que desde entonces vivimos ha sido la única salida política propuesta para enfrentarla.

Por supuesto, “proceso constituyente” no es lo mismo que “propuesta de nueva Constitución”. En palabras simples: defender este proceso no obliga a aprobar el texto que se nos ha propuesto. Ante este último, cabe hacerse la misma pregunta que nos hiciéramos respecto al proceso: ¿nos permite este camino alejarnos de la crisis, del derrumbe, y empezar a construir algo propio y nuevo? Luego de una reflexión profunda, he llegado a la convicción de que sí. Cuatro razones fundamentales me llevan a creer que aprobar es la mejor opción si nuestro objetivo es avanzar.

La primera tiene que ver con el principio de igualdad sustantiva. Nuestro actual orden constitucional se basa en la igualdad formal, aquella que establece que cada quien posee la misma condición ante los ojos del Estado y la ley. La igualdad sustantiva no rechaza esto, pero va un paso más allá, reconociendo que algunos entre nosotros, por razones ajenas a su voluntad (su género, etnia, edad, o incluso una discapacidad) han visto obstaculizado el recibir esta igualdad de trato y oportunidades. Mucho se ha hablado de los nuevos derechos sociales, pero no tanto de los derechos de los grupos históricamente excluidos que reconoce, por primera vez en nuestra historia, esta propuesta constitucional. No se trata, como algunos han querido tramposamente instalar, de privilegio alguno.........

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