Como he señalado en otras oportunidades, tomarse en serio el Rechazo supone anticiparse a la discusión sobre cuál será la fórmula utilizada para continuar nuestra discusión constitucional hasta dotarnos de un nuevo pacto político, especialmente si las encuestas sugieren que ése será el escenario al que probablemente nos enfrentaremos el 5 de septiembre.

¿Cómo continuar en dicho escenario? Se han sugerido varias alternativas, pero igualmente quisiera sugerir una más: así como en este proceso constituyente se diseñó la Convención Constitucional teniendo como base a la Cámara de Diputados, el futuro órgano constituyente podría delinearse tomando como modelo al Senado. Siguiendo esta propuesta, la nueva Convención tendría una composición de 50 integrantes que se elegirían utilizando el sistema electoral de la Cámara Alta (sin perjuicio de poder introducir correcciones al sistema, como paridad y escaños reservados). Esta alternativa ofrecería también un procedimiento para la elaboración de normas –el Reglamento del Senado– que cuenta con décadas de experiencia acumulada y que podría servir de base para la redacción del reglamento de funcionamiento del nuevo órgano.

¿Cómo continuar en dicho escenario? Se han sugerido varias alternativas, pero igualmente quisiera sugerir una más: así como en este proceso constituyente se diseñó la Convención Constitucional teniendo como base a la Cámara de Diputados, el futuro órgano constituyente podría delinearse tomando como modelo al Senado”.

Existen a lo menos tres razones que aconsejan adoptar esta alternativa. Primero, este eventual nuevo proceso constituyente tendría un propósito muy acotado: cerrar la discusión constitucional que venimos arrastrando hace, a lo menos, una década. No se trata de reiniciar una conversación desde cero, sino de tomar todos los insumos que hemos acumulado desde la reforma constitucional de 2005 hasta fecha a fin de elaborar una propuesta que sintetice institucionalmente muchos de los consensos que se han decantado en todas esas instancias. Pensémoslo así: quienes están por el Rechazo, han señalado en su mayoría que tienen reparos con la dimensión institucional de la propuesta de la Convención, pero al mismo tiempo comparten la necesidad de despersonalizar nuestro presidencialismo y desconcentrar territorialmente la toma de decisiones, de avanzar hacia un estado de bienestar y una protección más eficaz del medio ambiente, y de reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas.

Si fuese necesario un proceso para alcanzar consensos mínimos sobre los que construir un nuevo pacto político (como era requerido en noviembre de 2019) ciertamente sería necesaria una asamblea del tamaño de la Convención Constitucional, para así establecer un sistema de representación que permita recoger las diversas demandas locales a lo largo de todo el territorio. Pero ello parece innecesario en caso de tener que enfrentarnos a un nuevo proceso. Los consensos ya existen y, para traducirlos en una nueva propuesta constitucional, lo más recomendable es una asamblea pequeña que cuente con la colaboración de técnicos que la asistan en diseñar soluciones institucionalmente viables y de largo plazo. En favor de esta idea, existe evidencia que sugiere que la deliberación es más probable en grupos pequeños con agendas claras y objetivos claros.

Este eventual nuevo proceso constituyente tendría un propósito muy acotado: cerrar la discusión constitucional que venimos arrastrando hace, a lo menos, una década. No se trata de reiniciar una conversación desde cero, sino de tomar todos los insumos que hemos acumulado desde la reforma constitucional de 2005 hasta fecha a fin de elaborar una propuesta que sintetice institucionalmente muchos de los consensos que se han decantado en todas esas instancias”.

Segundo, este nuevo intento supone no sólo cerrar la discusión constitucional sino además hacerlo lo más rápido posible, atendida la fatiga ciudadana y la incertidumbre que rodea estos temas. Se debe entonces acortar cuanto sea posible el tiempo de funcionamiento de la nueva Convención y prescindir de instancias que alarguen el cronograma constitucional. Se ha sugerido, por ejemplo, un plazo de seis meses para que la nueva Convención prepare un borrador, plazo que, si bien es breve, no es inédito a nivel comparado. Las asambleas constituyentes de Estados Unidos en 1787, de Colombia en 1991 y de Islandia en 2010 cumplieron su cometido en cuatro o cinco meses. Por supuesto, para viabilizar un cronograma así de ambicioso, resulta recomendable una asamblea pequeña como el Senado y, de esa forma, reducir los costos de transacción de acordar las normas constitucionales.

Tomar como modelo el Senado permite también evitar procesos engorrosos como la redacción de un reglamento. Es cierto que en el caso de la Convención chilena este trámite tomó solo tres meses, pero en otras experiencias como la boliviana esto se alargó hasta en siete. La propuesta permitiría tomar el reglamento de la Cámara Alta como base y encargar a una comisión de expertos –siguiendo, por ejemplo, el modelo de la mesa técnica– que lo adapten para una discusión constituyente y liberar así a los nuevos convencionales de esta tarea (sin perjuicio de permitirles introducir enmiendas sobre la marcha en caso de ser necesarias). Por de pronto, una adaptación sería necesaria: siguiendo el modelo colombiano, sería conveniente introducir una doble revisión de toda norma constitucional a fin de suplir la ausencia de una estructura bicameral e incrementar los costos de quienes no respeten los acuerdos (como tan frecuentemente ocurrió en la Convención).

Tercero, tal vez lo más importante: esta propuesta ofrece modelos institucionales conocidos y fácilmente adaptables, que posibilitan dejar de ensayar con fórmulas cuyas consecuencias son totalmente desconocidas. Si algo nos enseñó la Convención Constitucional es que las consecuencias de experimentar con el diseño de instituciones –incluso en reglas electorales accesorias, como la lista de independientes– puede tener consecuencias estrepitosas. Algunos, por ejemplo, sugieren explorar listas nacionales, cerradas y bloqueadas para la eventual elección de nuevos convencionales. Ciertamente es una propuesta atractiva de considerar para el sistema electoral del futuro Congreso, pero su utilización para la elección de nuevos convencionales podría ser riesgosa en un escenario de partidos deslegitimados, con estructuras clientelares y en el que existen fuertes demandas por la regionalización del poder. ¿Queremos realmente arriesgarnos en seguir jugando con fórmulas extrañas a la realidad chilena, especialmente cuando se trata de una elección donde hay tanto en juego?

Esta propuesta ofrece modelos institucionales conocidos y fácilmente adaptables, que posibilitan dejar de ensayar con fórmulas cuyas consecuencias son totalmente desconocidas. Si algo nos enseñó la Convención Constitucional es que las consecuencias de experimentar con el diseño de instituciones –incluso en reglas electorales accesorias, como la lista de independientes– puede tener consecuencias estrepitosas”.

El Senado, su sistema electoral y su reglamento son un ‘viejo conocido’ de la cultura y práctica política chilena. Puede que no sea la alternativa más atractiva ni grandilocuente para la realización de un proceso constituyente, pero es una fórmula consistente, apropiada y realista para enfrentar muchos de los desafíos y necesidades de un eventual ‘Rechazo de salida’. No solo disminuirían los escenarios más difíciles de predecir sino que, más importante, permitirían concentrar nuestra energía en lo realmente importante: la discusión sobre las normas de una futura Constitución en base a los consensos ya alcanzados.

QOSHE - ¿Cómo seguir si gana el Rechazo? Una propuesta - Luis Eugenio García-Huidobro
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¿Cómo seguir si gana el Rechazo? Una propuesta

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26.08.2022

Como he señalado en otras oportunidades, tomarse en serio el Rechazo supone anticiparse a la discusión sobre cuál será la fórmula utilizada para continuar nuestra discusión constitucional hasta dotarnos de un nuevo pacto político, especialmente si las encuestas sugieren que ése será el escenario al que probablemente nos enfrentaremos el 5 de septiembre.

¿Cómo continuar en dicho escenario? Se han sugerido varias alternativas, pero igualmente quisiera sugerir una más: así como en este proceso constituyente se diseñó la Convención Constitucional teniendo como base a la Cámara de Diputados, el futuro órgano constituyente podría delinearse tomando como modelo al Senado. Siguiendo esta propuesta, la nueva Convención tendría una composición de 50 integrantes que se elegirían utilizando el sistema electoral de la Cámara Alta (sin perjuicio de poder introducir correcciones al sistema, como paridad y escaños reservados). Esta alternativa ofrecería también un procedimiento para la elaboración de normas –el Reglamento del Senado– que cuenta con décadas de experiencia acumulada y que podría servir de base para la redacción del reglamento de funcionamiento del nuevo órgano.

¿Cómo continuar en dicho escenario? Se han sugerido varias alternativas, pero igualmente quisiera sugerir una más: así como en este proceso constituyente se diseñó la Convención Constitucional teniendo como base a la Cámara de Diputados, el futuro órgano constituyente podría delinearse tomando como modelo al Senado”.

Existen a lo menos tres razones que aconsejan adoptar esta alternativa. Primero, este eventual nuevo proceso constituyente tendría un propósito muy acotado: cerrar la discusión constitucional que venimos arrastrando hace, a lo menos, una década. No se trata de reiniciar una conversación desde cero, sino de tomar todos los insumos que hemos acumulado desde la reforma constitucional de 2005........

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