Uno de los rasgos más característicos del funcionamiento estatal chileno es su adhesión a las reglas, como si la mera existencia de las mismas garantizara el orden y, además, lograra la transformación social que se pretende.

Este asunto tiene distintas dimensiones. La primera está asociada a la forma en que la sociedad chilena ha entendido sus instituciones, algo ampliamente documentado desde 1833, no sólo por lo que representó la Constitución portaliana, sino por cómo el país construyó esa estructura a través de la gramática de Andrés Bello. Esa idea de orden ha atravesado distintos momentos de nuestra vida institucional hasta hoy.

La segunda tiene que ver con la manera en que enfrentamos nuestros problemas públicos, que en las últimas décadas se ha traducido en una seguidilla de soluciones institucionales, especialmente desde el retorno a la democracia. Cada vez que se desea llevar a cabo una reforma sustantiva, el Congreso y el Ejecutivo recurren a regulaciones por infraestructura: creación de organismos administrativos, consejos, mandatos de coordinación e interoperabilidad, y procedimientos de distinta naturaleza.

Eso tiene un efecto simbólico de “aparente solución”, pero supone entregar a organismos heterogéneos decisiones de impacto directo en la vida cotidiana de las personas, pero terminamos en una paradoja. Creemos regular para obtener un cambio, pero preferimos crear instituciones para ese fin. Es lo que ha sucedido en........

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