El relato más cómodo sobre la agenda de seguridad de estos años es el de un reflejo: algo ocurre, existe un impacto público, se anuncia una ley, y así una tras otra. Esa forma de exponer las cosas no es falsa -muchas de las leyes dictadas en este período nacieron al amparo de un caso público-, pero es incompleta. Lo que vivimos entre 2022 y 2026, y especialmente tras los acuerdos Ejecutivo-Congreso en la agenda priorizada de seguridad, no fue la suma caótica de reacciones. Fue un ciclo legislativo con estructura propia. Reconocerlo importa, porque cambia las preguntas que nos debemos hacer, y, sobre todo, permite dimensionar los desafíos que enfrentamos ahora.

Desde el retorno a la democracia, Chile produjo entre 5 y 7 leyes de seguridad por año. Una regulación acotada, sostenida por 32 años, correspondiente a siete gobiernos distintos. El período que acaba de concluir produjo 18, 5 al año, casi el triple del promedio anual de los períodos anteriores. Esta diferencia no se explica por la duración del mandato -la cifra ya está normalizada por año- ni solo por el acuerdo político, pues 41 de las 74 leyes se tramitaron fuera de la agenda priorizada. Lo que ocurrió es que operó una máquina legislativa permanente y difusa que convirtió la velocidad en el modo de trabajo regular frente a las urgencias.

Pero el ciclo, además, construyó más de lo que parece. En efecto, la percepción dominante lo expone como un simple endurecimiento penal, es decir, más delitos y más........

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