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Cómo se desbarató la banda que movió ilegalmente a al menos 1.000 migrantes

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12.10.2021

Son las 9:11 de la mañana del miércoles 29 de septiembre y dos hombres venezolanos salen a comprar desayuno desde el inmueble que funciona como hostal clandestino, sin saber que desde la madrugada se está organizando su allanamiento. Nueve policías afuera y 18 carros policiales desplegados por Arica esperan romper la puerta para registrar el lugar y detener a quienes estén allí adentro. Se escucha un eco en la residencia unos segundos después. La Policía de Investigaciones (PDI) rompe la reja blanca de un solo impacto, que se abre como por arte de magia. Entran.

Tres agentes corren por el pasillo con pistola en mano gritando: “¡Policía, policía! Allá, allá, quédense todos aquí”.

Llegan al patio central de la residencia. Allí hay dos colchones desgastados y sucios de dos plazas tirados en el piso, con frazadas encima. Dos venezolanos que estaban sentados en una banca conversando ni se inmutan al ver a los policías, y siguen su plática como si nada estuviese pasando.

Mientras un menor asustado llama a su “papi”, otra llora en brazos de su madre. Hay un bulto de frazadas delgadas y floreadas sobre un colchón tirado en el piso, y desde una de éstas se asoma la cabeza de un niño que se destapa solo los ojos. Parece no entender mucho qué pasa y vuelve a taparse el rostro. Pero pasan unos segundos y se destapa por completo, se pone de pie y va a sentarse en la banca que está junto a él, en el patio.

Walterio Díaz, chileno, es dueño y encargado del hostal clandestino donde reciben migrantes que han ingresado de forma irregular al país, como parte del negocio que desde hace un tiempo opera una banda multinacional dedicada al tráfico de personas en la zona. Ahora tiene sus manos unidas por la espalda por unas esposas. Sin decir una sola palabra, desde una esquina observa cómo se desploma la operación ilícita de la cual forma parte y que, según la cifra mínima calculada por el encargado del operativo de la PDI, 30.000 personas ingresaron a Chile por pasos no habilitados, provenientes de Cuba, Colombia, Venezuela y Haití. En su comunicado oficial, sin embargo, la INTERPOL se refiere al tráfico de 1.000 personas.

De todas las piezas salen hombres, mujeres, niños, niñas, bebés y un perro de color blanco de estatura media que también llegó de Venezuela. Ellos no entienden qué pasa; sus caras así lo expresan. Algunas personas comienzan a llorar, otras no se conmocionan. Nueve horas deambulando por el desierto anoche. ¿Fue en vano?

Al llegar al lugar, Alex Silva, subcomisario de la Brigada de Trata de Personas de la PDI y agente a cargo del operativo, se presenta frente a las víctimas que se encontraban en la residencia. Les dice: “Acá nosotros estamos por un tema investigativo, no estamos en contra de ustedes”, explicó. Mientras él los intenta calmar, el resto de su equipo busca evidencias como boletas de transacciones bancarias y cuadernos con notas. Incautaron teléfonos celulares, para evitar que alerten a los otros miembros de la banda, ya que ese era sólo uno de tres allanamientos simultáneos.

No hay claridad ni una cifra certera de cuántas personas han cruzado de forma irregular la frontera hacia Chile en los últimos años, pues el total forma parte de una cifra negra, aunque hay referencias. Según el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) a partir de datos de la PDI, sólo durante el primer semestre de 2021 ingresaron al país 23.673 migrantes por pasos no habilitados. Muchos de ellos traídos por organizaciones criminales dedicadas a lucrar con la crisis migratoria y humanitaria, como la que caía el último miércoles de septiembre.

Para Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo de Movimiento de Acción Migrante (MAM) “hay una crisis -concretamente en Chile-, de las políticas migratorias, que hacen que un flujo incrementado de migración no se atienda conforme a lo que seria deseable, a lo que seria evitar rápidamente a lo que seria niveles de irregularidad”, explicó.

Toda la operación que llevó a la banda que operaba en Arica surgió a raíz de una denuncia por parte del Sename Metropolitano en diciembre de 2019, en la que se alertaba de cuatro menores de edad chilenos -hijos de haitianos- que estaban saliendo ilegalmente de Chile, sin ninguna explicación. Más tarde apareció información de que algunas madres de estos menores fallecieron en la selva de Darién, tras haber cruzado la frontera desde Colombia a Panamá en su trayecto para intentar llegar a Estados Unidos.

Con el paso del tiempo, la cifra de menores víctimas de tráfico ilícito de migrantes aumentó a ocho casos distintos, y hasta el pasado 22........

© The Clinic


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