Diversos hechos muestran que hemos entrado en una nueva etapa o fase del gobierno progresista. El pasado 8 de agosto se superó la mitad de su período. Y de acuerdo a las dinámicas políticas en Colombia, se entra en una especie de “recta final adelantada”, dado que las elecciones parlamentarias serán en marzo de 2026 y las presidenciales en mayo.
Significa, que en la mitad de 2025 arrancan las campañas electorales y, desde ahora mismo los partidos políticos y los “grupos de presión” empiezan a definir su actitud frente al gobierno de turno. Tal parece que el nombramiento de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior ha funcionado positivamente frente a los partidos políticos; falta ver cómo reaccionan los gremios empresariales y otros sectores de la producción y las finanzas.
La forma como avanza la reforma laboral y la elección del nuevo contralor muestran que un sector de la política tradicional (conservadores y liberales, La U, una parte de los verdes y otros partidos pequeños) han comprendido que en esa “recta final” no pueden seguir con la estrategia del “bloqueo legislativo”, que también los ha desgastado a ellos frente a la población, y, además, ellos no van a renunciar a tener acceso al presupuesto y a la burocracia que maneja el gobierno.
No obstante, por lo que ha sucedido recientemente con las Cortes, especialmente el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, se puede afirmar que en el frente de la Justicia las cosas son a otro precio. Allí es donde la Procuraduría puede servir de “contención” para neutralizar la “guerra jurídica” (lawfare) que ya está en plena arremetida. Tres decisiones judiciales recientes, la que autorizó al........