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El pasado 27 de febrero, en otro aniversario de los hechos inmortalizados como «El Caracazo«, volvió a aparecer la discusión de por qué en Venezuela, bajo una emergencia humanitaria compleja, no ocurrían situaciones similares. En el debate han aflorado argumentos interesantes, como el del investigador social Ángel González, que para Contrapunto afirmó que la existencia de mayor mediación política en el discurso y en la cultura hacía menos probable que «los cerros volvieran a bajar».
La posible repetición de los hechos de febrero de 1989, a pesar de la presencia de las «condiciones objetivas» que originaron los saqueos, es una variable que el chavismo ha tenido muy en cuenta. Así como aprendió del 11 de abril de 2002 y de las protestas del 2017, Miraflores ha cortado de cuajo el conjunto de vínculos asociativos que hicieron posible la expresión de la indignación de las multitudes.
Para el caso de «El Caracazo” repetiremos ideas del foro «Derechos ambientales ayer y hoy», del pasado 18 de noviembre en la Casa Disiente de Caracas, donde Claudia Rodríguez, Jorge Padrón y Liliana Buitrago realizaron un balance histórico del movimiento ecologista en Venezuela. Aunque hoy no lo parezca, en la década de los 90 el movimiento ambiental tenía presencia en casi todo el país, demostrando una importante capacidad de movilización e incidencia con las autoridades.
Como se recordó en el debate, en 1997 los ecologistas venezolanos lograron generar la masa crítica suficiente para revertir el llamado Decreto 1850, que permitía la actividad extractiva en la Reserva Forestal de Imataca, que abarca los estados Bolívar y Delta Amacuro. Un bolivarianismo........