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Si alguien hubiese dicho que casi 5 años después, la situación iba a ser así, casi nadie lo hubiera creído.
Chile, uno de los países sudamericanos más estables de los últimos 30 años, pareció cambiar de la noche a la mañana cuando un estallido social prácticamente sin precedentes irrumpió los medios de comunicación de todo el mundo el 18 de octubre del 2019. A lo largo de varias semanas, millones de chilenos tomaron las calles con consignas diversas reclamando un cambio sustancial. Ese mosaico de demandas heterogéneas, con el paso de los días, se articuló en un solo pedido que remeció la estructura de la sociedad chilena: la necesidad de tener una nueva Constitución política que habilitara todos estos cambios.
Lo que siguió muchos lo recordarán. Cuando ya había pasado un mes de manifestaciones con millones de personas en las calles, el entonces presidente Sebastián Piñera convocó a una serie de plebiscitos para redactar una nueva constitución política que iba a cambiar sustancialmente ese modelo que, una de las tres las democracias más consolidadas de América Latina, había heredado de la dictadura.
Sin embargo, nada de eso sucedió. Tras el abrumador rechazo a la redacción final de la nueva constitución en 2022, con una clara cosmovisión refundacional y de izquierda sumado al fracaso de la segunda convención de 2023, liderada mayormente por convencionales de derecha, Chile volvió a su punto de partida anterior a las protestas del 2019.
Gabriel Boric, un joven izquierdista cuya coalición, el Frente Amplio, capitalizó el descontento post octubre 2019, no ha logrado concretar sus promesas de campaña. Tras estos dos plebiscitos fallidos que llevaron al fracaso la posibilidad de una nueva constitución, pareciera que Chile no avanzó en nada.
El actual presidente sigue sin poder hacer una reforma de pensiones, la clase media sigue endeudándose para enviar a sus hijos a la escuela y si bien el 40% más pobre que se atiende en el........