“Un ogro es como una cebolla. Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas.”

¡Arriba las manos, esto es un asalto! Un robo que va de entre 10,000 millones hasta los 35,000 millones de pesos. Un atraco a ley cambiada.

Los diputados han aprobado que las cuentas bancarias y de otra índole financiera que no hayan registrado movimientos en los últimos tres años, puedan ser absorbidos por el gobierno federal para ser utilizados de manera poco clara. Cierto, es un robo que ya existía, pero ahora será a mayor escala y casi de forma inmediata.

De acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente, los ahorros de los particulares, después de tres años de inactividad, pasan a una cuenta global y, de ahí, prescriben en favor de la beneficencia pública. Los montos que pueden ser “confiscados” están topados hasta 300 días de salario mínimo. Con la nueva iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados actual, los fondos serán destinados a la función de Seguridad Pública (así en general) y no existirá tope de los montos, es decir, el gobierno puede tomar todos los ahorros que yacen en las cuentas.

Hay muchas maneras de llamarle a esta decisión: agandalle, confiscación, embargo, despojo, sustracción, estafa, desfalco. Pero lo cierto es que se trata de un robo de parte del gobierno a los cuentahabientes que por alguna razón —todas ellas justificables— no han tocado su dinero. Para variar, los más afectados son las personas que más requieren la protección del gobierno que ahora los estará lastimando: personas de la 3ª edad, personas con discapacidad y también los familiares que podrían solicitar el dinero de sus padres fallecidos, lisiados o incapacitados. Además del despojo, también le quitan a la beneficencia pública un ingreso que podía apoyar a quienes más lo necesitan. Un robo por partida doble.

Ni siquiera podemos denominar a este acto “expropiación”. Cuando eso sucede, el gobierno ofrece una retribución a cambio (aunque esta no sea la óptima). En el presente caso no da NADA a cambio, solo confisca.

El usarlo de forma poco transparente para la Guardia Nacional, muestra —otra vez— la miseria del gobierno actual.

El gobierno de la 4T se ha comido los ahorros que se generaron durante años. Desapareció los fideicomisos (nunca probaron la corrupción que en ellos existía), los ahorros de diversas dependencias y ahora recurren al dinero de años de ciudadanos.

El gobierno actual ha sobrevivido por los ahorros de los gobiernos “neoliberales”; gracias a quienes apostaron por un Banco de México autónomo, a atraer inversiones, a incrementar exportaciones, a las remesas (mérito de los migrantes mexicanos, vergüenza de los gobiernos que los expulsan). Ahora la administración pública se sustentará de recursos privados.

Por demás decir que el gobierno nunca debería apropiarse de recursos privados. No importando el fin último de los dineros, constituye un asalto a los ciudadanos. Un régimen que se pertrecha bajo una ley que es inconstitucional.

Por supuesto, la fórmula obradorista es “no me vengan que la ley es la ley”. Y menos cuando la cambian solo para usarla de parapeto para robar a los ahorradores.

En el colmo del cinismo, las llaman “cuentas abandonadas” a pesar de que para muchas de ellas sus titulares hayan designado beneficiarios (no notificados por el sistema bancario); aun cuando estén sujetas a juicios testamentarios. Eso no es abandono.

El gobierno, con el silencio cómplice del sistema bancario, quedándose con dinero de sus cuentahabientes. El estado de indefensión de la gente —de por sí mermado— de un día a otro se ha visto incrementado.

Tomen nota: la mayoría de los diputados de la 4T votaron a favor de este robo en despoblado. Seguramente la ley correrá la misma suerte en el Senado, y con ellos Morena y sus aliados rubricarán un descalabro más a la ciudadanía realizado desde el gobierno.

Nos acercamos peligrosamente a los “corralitos” argentinos que tanto daño han causado a sus ciudadanos, así como que nuestro país continúe perdiendo en los grados de inversión que otorgan las agencias especializadas en medir el “riesgo país”.

En el colmo del cinismo, López Obrador dijo que esto no se trata de un robo. Que el prefiere se use para fines sociales. Si eso fuera cierto —que obviamente no lo es—, no debería cambiarse el articulado en comento dado que ya está especificado que ese tipo de confiscaciones tiene como fin la beneficencia pública.

Tampoco es verdad lo dicho por el subsecretario de Seguridad, quien dice que se trata de cuentas asociadas al crimen organizado. De ser el caso, al informar lo anterior, públicamente habría violando el secreto bancario. No solo eso, habría olvidado que los delincuentes son quienes menos ahorran su dinero en los bancos

A todo lo anterior, la reforma estará desincentivando el ahorro en bancos. Vulnerará todavía más a la economía; parte del dinero que hoy en día se ahorra en el sistema bancario, pasará a la economía informal o saldrá del país. Ello tendrá un impacto negativo adicional en la inflación.

Genera también mayor incertidumbre. Si cambiando la ley el gobierno puede robar a la ciudadanía sus ahorros, cuando se agote ese dinero ¿irán por las afores de los ciudadanos?

La 4T no ha invertido en la población. El sistema de salud se resquebraja, la educación está en sus niveles más bajos y el presupuesto federal se destina a privilegiar las obras faraónicas que de ninguna manera generarán riqueza.

La 4T es el ogro del apetito insaciable; ahora va por tu dinero.

QOSHE - ¡Esto es un asalto! (o el ogro de apetito insaciable) - Verónica Malo Guzmán
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¡Esto es un asalto! (o el ogro de apetito insaciable)

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14.10.2022

“Un ogro es como una cebolla. Las cebollas tienen capas. Los ogros tenemos capas.”

¡Arriba las manos, esto es un asalto! Un robo que va de entre 10,000 millones hasta los 35,000 millones de pesos. Un atraco a ley cambiada.

Los diputados han aprobado que las cuentas bancarias y de otra índole financiera que no hayan registrado movimientos en los últimos tres años, puedan ser absorbidos por el gobierno federal para ser utilizados de manera poco clara. Cierto, es un robo que ya existía, pero ahora será a mayor escala y casi de forma inmediata.

De acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente, los ahorros de los particulares, después de tres años de inactividad, pasan a una cuenta global y, de ahí, prescriben en favor de la beneficencia pública. Los montos que pueden ser “confiscados” están topados hasta 300 días de salario mínimo. Con la nueva iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados actual, los fondos serán destinados a la función de Seguridad Pública (así en general) y no existirá tope de los montos, es decir, el gobierno puede tomar todos los ahorros que yacen en las cuentas.

Hay muchas maneras de llamarle a esta decisión: agandalle, confiscación, embargo, despojo, sustracción, estafa, desfalco. Pero lo cierto es que se trata de un robo de parte del gobierno a los cuentahabientes que por alguna razón —todas........

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