En México, cada gobierno que alcanza una mayoría suficientemente amplia termina sintiendo la tentación de modificar las reglas electorales, no necesariamente para mejorar la democracia, sino para reducir la posibilidad de perder el poder.

La historia enseña que quienes gobiernan suelen asegurar que sus reformas buscan abaratar las elecciones, combatir privilegios, eliminar excesos y devolverle al pueblo el control de las instituciones. El discurso casi siempre resulta atractivo. El problema comienza cuando, detrás de esos propósitos aparentemente legítimos, aparece el intento de debilitar contrapesos, disminuir la representación de las minorías o inclinar el terreno electoral en favor de la fuerza dominante.

México necesita una reforma electoral. Negarlo sería absurdo. Nuestro sistema es excesivamente costoso; los partidos reciben cantidades difíciles de justificar frente a las carencias del país; las campañas se han convertido en enormes maquinarias de gasto, y las listas plurinominales suelen funcionar como refugio de dirigentes, familiares, amigos y personajes que jamás ganarían una elección directa.

También resulta indispensable regular con mayor eficacia las campañas digitales, la propaganda encubierta, el financiamiento ilegal, la utilización de programas sociales, la manipulación informativa, los ejércitos de cuentas automatizadas y el uso de inteligencia artificial para fabricar imágenes, voces o mensajes falsos. Existen razones suficientes para revisar el sistema, pero una cosa es reformarlo y otra muy distinta someterlo.

El gobierno federal y su mayoría tienen razón al señalar abusos, privilegios y costos excesivos. Sin embargo, acertar en el diagnóstico no les concede el derecho de diseñar unilateralmente las reglas bajo las cuales pretenden conservar el poder. Ningún partido debe ser juez y parte. La fuerza gobernante no puede redactar las normas, organizar la competencia, imponer las condiciones, vigilar a sus adversarios y después declarar impecable su propia victoria. Eso no sería una reforma democrática, sino la construcción de una democracia a modo.

El principal riesgo consiste en utilizar causas populares como pretexto para disminuir la pluralidad. Reducir el número de legisladores puede sonar atractivo en un país cansado de la clase política. Eliminar posiciones plurinominales también puede generar aplausos inmediatos. Pero debe analizarse con enorme cuidado qué voces desaparecerían del Congreso y quién terminaría beneficiándose.

La representación proporcional no fue creada para premiar a las cúpulas partidistas, aunque frecuentemente haya sido pervertida con ese propósito. Surgió para evitar que una fuerza política........

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