PUI: cuando el Estado no resuelve y decide que el sector privado pague la factura |
México enfrenta una crisis real de desapariciones. Nadie con seriedad puede cuestionar la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda. Lo que sí debe cuestionarse —y con rigor— es cómo se está trasladando esa responsabilidad al sector privado, particularmente al sistema financiero no bancario.
La Plataforma Única de Identidad (PUI), impulsada por la Secretaría de Gobernación y formalizada mediante lineamientos publicados en el DOF el 27 de noviembre de 2025, obliga a entidades públicas y privadas a interconectarse tecnológicamente mediante APIs para responder consultas de identidad vinculadas a personas desaparecidas.
El concepto suena técnico. El impacto es económico, operativo y estructural.
¿Qué es una API y por qué hoy es una carga?
Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un canal de comunicación entre sistemas. Permite que una plataforma —en este caso la del gobierno— envíe consultas y reciba respuestas automatizadas desde sistemas privados.
En la PUI, esto implica:
→ Desarrollo o integración tecnológica.
→ Disponibilidad 24/7.
→ Protocolos de seguridad (tokens, cifrado).
→ Bitácoras auditables.
→ Respuesta en tiempo real.
Esto no es un trámite administrativo. Es una obligación tecnológica permanente.
El costo real: lo visible y lo invisible
En el mercado, la implementación de estas APIs se está cotizando solo como referencia básica entre $100,000 y $200,000 pesos.
El costo real incluye:
→ Dependencia tecnológica.
→ Mantenimiento implícito.
→ Supervisión técnica.
→ Adaptación regulatoria continua.
Multas: el verdadero incentivo
La Ley General de Población establece sanciones de 10,000 a 20,000 UMAs.
Con UMA aproximada de $117 en 2026:
→ Mínimo: ~$1.17 millones.
→ Máximo: ~$2.34 millones.
Esto deja claro el mecanismo:
No es cumplimiento por convicción.
Es cumplimiento por presión.
El contexto incómodo: cifras que no cuadran
México enfrenta más de 130,000 personas desaparecidas según cifras oficiales recientes.
→ Existen registros incompletos.
→ Hay cuestionamientos sobre cifras reales.
→ Organismos internacionales han elevado preocupación.
Entonces la pregunta es inevitable:
¿El Estado está resolviendo el problema… o está redistribuyendo la carga?
SOFOMES: de solución a sector presionado
Hace 20 años, las SOFOMES nacieron como:
→ Instrumentos de inclusión financiera.
→ Mecanismos ágiles de crédito.
→ Alternativas a la banca tradicional.
→ Con bajo acceso a fondeo.
→ Cargas tecnológicas adicionales sin proporcionalidad
Un sector alineado por presión, no por estrategia
¿Se está desincentivando ser SOFOM?
Cada nueva obligación implica:
→ Ventaja para grandes jugadores.
No es una política declarada.
Pero sí es un efecto acumulativo evidente.
CNBV y Condusef: acompañamiento limitado
La CNBV ha respaldado públicamente la PUI.
Pero no existe una ruta operativa clara y proporcional para entidades pequeñas y medianas.
Condusef, por su parte, mantiene su estructura, pero sin una estrategia visible para acompañar esta nueva carga tecnológica.
El mensaje implícito es: cumplan… y resuélvanlo internamente.
¿Esto pasa en EU o Canadá?
No hay evidencia de un esquema equivalente.
→ Sistemas como NCIC son operados por autoridades.
→ No existe obligación general de APIs para privados financieros.
→ El enfoque es institucional y forense.
→ El costo operativo recae en el Estado.
La PUI tiene una finalidad legítima. Pero su implementación en México refleja una tendencia:
Cuando el Estado no logra resolver completamente un problema estructural.
Traslada parte de la carga al sector privado.
Los efectos son claros:
→ Presión a intermediarios pequeños.
Cumplir es inevitable. Pero aceptar sin cuestionar no debería serlo.
Un Estado eficaz no solo impone obligaciones. Las diseña con proporcionalidad.
Hoy, la PUI cumple un objetivo político. Pero aún no logra equilibrio técnico ni económico.
El problema no es la PUI. El problema es un Estado que no logra resolver por sí mismo una crisis estructural y decide que el sector privado absorba parte del costo, el riesgo y la operación.
Así no se construye política pública eficiente. Así se traslada responsabilidad.
Y cuando eso ocurre, el costo no desaparece: lo paga el sistema financiero, lo paga la empresa… y eventualmente lo paga el ciudadano.
Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.