Control de rentas, populismo urbano, poder político y efectos económicos |
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de validar el límite a los incrementos de renta habitacional —atándolos a la inflación— no es solo un ajuste legal. Es una redefinición profunda del mercado inmobiliario, con implicaciones políticas, financieras y sociales para toda la megalópolis del Valle de México y potencialmente para el país.
La medida fue impulsada por el gobierno capitalino encabezado entonces por Martí Batres y respaldada activamente por su grupo político.
Su aprobación por la Corte la convierte en política pública consolidada. Pero la historia económica internacional muestra que controlar rentas es una intervención de alto impacto con efectos secundarios inevitables.
I. Qué resolvió exactamente la Corte
La Corte validó el artículo 2448-D del Código Civil de la CDMX:
El aumento anual de rentas habitacionales no puede superar la inflación del año previo.
El objetivo declarado es proteger el derecho a la vivienda y evitar desplazamiento por gentrificación.
Con inflación de 3.69 %, una renta de 10, 000 pesos solo puede subir ≈369 pesos en un año.
La Corte sostuvo que:
No se fijan precios iniciales
Solo se controla el ritmo de aumento.
Se protege el acceso a vivienda.
Además, se argumentó que el suelo en la capital ha subido ≈800 % en 20 años, presionando los alquileres.
II. El tamaño real del problema habitacional
La política responde a una realidad:
La proporción de propietarios cayó de 71% en 2000 a ~50% en 2020 en la capital.
Cada vez más hogares dependen del alquiler.
La demanda supera ampliamente la oferta.
Pero el diagnóstico económico clave es otro:
El principal problema no es solo el precio. Es la escasez estructural de vivienda.
III. La dimensión política:
Batres, Morena y la lógica del “derecho a la ciudad”
Esta medida encaja........