La comparecencia y el intento de juicio político contra María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, exhibe con claridad la doble cara del oficialismo.

Morena y el gobierno federal han convertido el combate al crimen organizado en un instrumento político para proteger a los suyos. Cuando la presión pública los comienza a alcanzar, persiguen a opositores y utilizan a las instituciones para fabricar distractores mediáticos.

Uno de los ataques más agresivos en su contra provino del exgobernador Javier Corral Jurado, quien luego de integrarse al oficialismo y obtener una senaduría con fuero, impulsó investigaciones y expedientes contra la entonces alcaldesa y posteriormente gobernadora. La confrontación política entre ambos se convirtió en una de las disputas más duras del norte del país.

Ahora, la Fiscalía General de la República volvió a citar a Maru Campos, esta vez por un caso de presunto secuestro denunciado precisamente por Javier Corral. La nueva comparecencia ocurre en medio del conflicto político entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal, confirmando la percepción de que las instituciones son utilizadas selectivamente contra figuras opositoras.

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