El argumento principal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar la reforma constitucional que limita las pensiones en Pemex, CFE y otras empresas estatales es la eliminación de las llamadas “pensiones doradas” y de los privilegios exorbitantes de exfuncionarios de confianza, bajo los principios de austeridad republicana y justicia distributiva.

En el papel, la propuesta parece atractiva. Sheinbaum asegura que la reforma al artículo 127 constitucional no afectará a trabajadores sindicalizados ni de base, únicamente a exdirectivos y mandos superiores que reciben jubilaciones millonarias.

El problema es que, como ya ocurrió en otras ocasiones, el gobierno termina utilizando algunos casos para castigar a miles de trabajadores que sí cumplieron durante décadas con el Estado mexicano.

Esos fondos de pensiones operan bajo un antiguo esquema de beneficio definido, financiado con recursos públicos e ingresos de ambas empresas. El sistema garantizaba jubilaciones establecidas por contrato colectivo a miles de empleados que entregaron su vida a las empresas del Estado trabajando en plataformas, refinerías, complejos petroquímicos y redes eléctricas,........

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