La sobrepolitización postelectoral le está haciendo daño a nuestra economía. Podríamos argumentar que se trata de una turbulencia financiera más, pero no debemos dejar de ignorar: 1) que dicha turbulencia se puede prolongar por más tiempo, porque deviene de una propuesta de reforma que cambia estructuralmente nuestro sistema de justicia; y 2) que aun cuando no se quiera, si existen efectos perniciosos que rompen con la natural estabilidad económica que debe prevalecer, sobre todo, al alterar costos “claves” como lo son el tipo de cambio y la tasa de interés.

He señalado en diferentes ocasiones mi desacuerdo con la reforma judicial por las siguientes razones:

1. El simple voto popular no significa la separación del sistema judicial del poder económico y habría que agregar, del poder político y otros fácticos. Nada garantiza que en los procesos de elección popular no intervengan individuos, grupos o cámaras con influencia económica; o gobernadores, presidentes municipales o caciques locales o los mismos partidos políticos; además de que no se muevan los tentáculos de la delincuencia organizada.

2. Se requiere de preparación y experticia; de lo contrario, el sistema judicial carecería de sentencias fundamentadas conforme al derecho y de elucubraciones de calidad ante los dilemas naturales que se presentan en la vida social, política y económica de un país con una naturaleza diversa y contrastante.

3. Se quiera o no, las decisiones de inversión y las que se derivan del libre comercio si dependen de que exista un sistema judicial sólido y no de uno que empiece con andaderas.

Para evitar que se expanda esta crisis política –que ya no es menor– al campo económico, se podría pedir a........

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