Caso Rocha Moya: facultad potestativa por nacionalidad y foro preferente |
Sexenios de Zedillo y Peña Nieto
Recuerdo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, una conversación con Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República, antes de que su trayectoria quedara marcada por el caso Ayotzinapa.
Hablamos de una extradición. No recuerdo el nombre del presunto delincuente en cuestión —señal de que no era particularmente relevante—, pero sí me quedó grabado un debate dentro del gabinete de Peña Nieto: si México debía o no complacer a Estados Unidos facilitando la entrega de narcotraficantes.
Murillo se oponía. Del otro lado, el gabinete económico —Luis Videgaray, José Antonio Meade— presionaba a favor de extraditar, con el argumento de no entorpecer la relación económica bilateral.
El procurador general en aquel gobierno sostenía otra tesis: las extradiciones, más que debilitar al crimen organizado, solo alimentaban el espectáculo mediático.
Los extraditados, decía Murillo Karam, para obtener beneficios en el sistema estadounidense relataban historias —ciertas o no— sobre la política mexicana que terminaban amplificadas por medios como Reforma o Proceso. Más ruido que resultados, pues.
Ahora mismo, con el caso Rocha Moya, estamos viendo una posible extradición que solo genera algarabía entre la comentocracia deseosa de pasar facturas a la 4T y a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Añado a lo anterior un dato. Hablé en estos días con un juez mexicano ya retirado —después de décadas en toda clase de juzgados, llegó a la SCJN—. Me comentó que en tiempos de Ernesto Zedillo, y desde antes, la extradición de nacionales era excepcional. Y es lógico que así haya sido: en cualquier país es más fácil extraditar extranjeros que a los propios ciudadanos.
Facultad potestativa por........