No comparto la línea editorial de TV Azteca. No me convencen sus enfoques, no comulgo con su narrativa, no acompaño su agenda. Pero el derecho no se rinde al gusto, no se pliega a la simpatía, no se calibra por el aplauso. La libertad de expresión no premia al afín, escuda al discrepante. Protege al que incomoda, ampara al que irrita, defiende al que se rechaza. El derecho a saber no es del gobernante, no es del académico, no es del juez: es de la ciudadanía. Por eso este examen se hace sin filias, sin fobias, sin concesiones.

Ayer 25 de mayo de 2026, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dictó consigna: “no vean TV Azteca”. No fue desliz, no fue chiste, no fue opinión privada. Fue voz del Estado, fue discurso oficial, fue ejercicio de potestad pública. La pregunta no admite eufemismos: ¿puede una jefa de Estado escudarse en el artículo 6º constitucional para boicotear a un medio por su línea editorial? La respuesta del derecho es inequívoca, frontal, terminante. Y se construye sobre tres pilares que ninguna apologética puede esquivar. Veamos.

Primero. El funcionario no es ciudadano cuando habla desde la tribuna del Estado. Habla con investidura, habla con autoridad, habla con potestad pública. La Corte Interamericana lo selló en Apitz Barbera y otros vs. Venezuela (5 de agosto de 2008, párr. 131): el servidor público debe verificar razonablemente los hechos, debe medir el peso de su credibilidad, debe abstenerse de inducir actos lesivos al debate democrático. En Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia (26 de mayo de 2010, párr. 172) la cuerda se tensó: el Estado no debe propiciar la vulnerabilidad de quien se expresa, no debe estimularla, no debe alimentarla. El llamado no se profirió en una sobremesa ni en una entrevista privada ni en........

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