Los gobiernos revelan su verdadera naturaleza cuando sienten que el poder se les escapa de las manos. Mientras unos se despiden fortaleciendo las instituciones y respetando las reglas del Estado de derecho, otros optan por buscar culpables, señalar enemigos y ajustar cuentas. El Gobierno de Gustavo Petro ha decidido despedirse de esa manera.

A pocos días de abandonar la Casa de Nariño, el presidente convirtió en objetivo de sus ataques a una mujer que hasta hace muy poco hacía parte de su círculo más cercano. Angie Rodríguez fue directora del Dapre, secretaria general de la Presidencia y posteriormente gerente del Fondo Adaptación. Ocupó algunos de los cargos de mayor confianza del Gobierno. Bastó, sin embargo, con que decidiera cumplir la ley antes que la voluntad del poder para convertirse en el blanco de una campaña de desprestigio encabezada por el propio jefe de Estado.

El punto de quiebre fue el Decreto 0802 del 23 de julio, mediante el cual el Gobierno buscó trasladar más de un billón de pesos destinados a las obras de recuperación de La Mojana hacia otra entidad. Angie Rodríguez se negó a respaldar esa decisión porque consideró que esos recursos tenían una destinación específica y compromisos vigentes hasta 2029, razón por la cual no existía justificación técnica ni jurídica para modificar su ejecución a escasos días del cambio de gobierno.

Lo que siguió demuestra cómo entiende este Gobierno el ejercicio del poder. Durante cuatro años, el Gobierno Petro construyó un discurso según el cual cualquier cuestionamiento provenía de la oposición, de los medios de comunicación o de sectores que supuestamente querían impedir el cambio. Sin embargo, conforme avanzó el mandato, las voces críticas comenzaron a surgir desde el propio corazón del Gobierno.

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