Hay momentos en los que el Estado debe dejar de administrar las crisis y empezar a resolverlas. El sistema penitenciario colombiano llegó hace mucho a ese punto. Cada nuevo escándalo dentro del INPEC, cada red criminal que opera desde una cárcel, cada extorsión ordenada desde una celda y cada caso de corrupción que involucra a quienes deberían garantizar la seguridad demuestra que el problema no es un funcionario aislado ni un director de turno. El verdadero problema es un modelo institucional que perdió su capacidad de cumplir la misión para la cual fue creado. Si de verdad queremos recuperar la autoridad del Estado, la discusión ya no puede limitarse a cambiar nombres, expedir circulares o anunciar planes de choque. Es momento de asumir que el sistema penitenciario colombiano necesita una transformación de fondo.

La magnitud del desafío explica por qué ya no bastan soluciones parciales. Hoy Colombia tiene la responsabilidad de administrar un sistema penitenciario que alberga 102.949 personas privadas de la libertad en establecimientos de reclusión, pese a contar con una capacidad de apenas 81.387 cupos, lo que mantiene un preocupante nivel de hacinamiento. Si se incluyen quienes cumplen medidas alternativas como la prisión domiciliaria y la vigilancia electrónica, el sistema penitenciario y carcelario supera las 169.000 personas bajo custodia del Estado. Esta enorme responsabilidad recae sobre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), cuyos funcionarios, especialmente el Cuerpo de Custodia y Vigilancia, tienen a su cargo la seguridad, el control y la resocialización de una de las poblaciones más complejas que administra el Estado colombiano.No estamos hablando de una entidad cualquiera de la administración pública. Estamos hablando de una institución que administra una población........

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