La infamia contra Santiago Uribe |
Hay una diferencia enorme entre perseguir a alguien por lo que hizo y perseguirlo por lo que representa. El caso de Santiago Uribe Vélez lleva décadas instalado en esa frontera y lo que ha quedado demostrado en el proceso no es la culpabilidad de un hombre sino la arquitectura meticulosa de una trampa política con toga de legalidad.
La primera pregunta que cualquier colombiano debería hacerse es simple: ¿cómo es posible que alguien sea exonerado dos veces por la justicia, en dos instancias distintas, con dos fiscales diferentes, y años después termine preso? En 1999 y 2000, cuando la justicia regional conocía de primera mano la brutalidad del conflicto en Antioquia, los fiscales Alfonso Valdivieso y Alfonso Gómez Méndez cerraron el caso. No lo archivaron por presión ni por conveniencia. Quedó cerrado porque no había mérito. Eso en cualquier democracia con un sistema judicial mínimamente coherente sería el fin de la historia, pero en Colombia cuando el apellido del acusado es el enemigo político correcto la cosa juzgada se vuelve un obstáculo negociable.
Lo que vino después no fue un hallazgo de nuevas pruebas sino una operación. En 2010, bajo la Fiscalía del gobierno Santos, el caso resucitó alimentado por recursos provenientes de Venezuela, movilizados por un mayor retirado de la Policía refugiado allá, Juan Carlos Meneses, con vínculos acreditados en el proceso con el Cartel del Norte del Valle. Vale la pena detenerse en ese dato porque es revelador que el caso contra Santiago Uribe fue reactivado con dinero de una fuente vinculada al crimen organizado y a un gobierno extranjero que tenía sus propias razones para debilitar al uribismo. Si eso lo hiciera cualquier otro actor político en cualquier otro contexto, la indignación de los mismos que aplauden esta persecución sería ensordecedora. Pero el odio ideológico tiene una capacidad........