En Colombia, el salario mínimo dejó de ser una herramienta de política laboral y se convirtió en un instrumento electoral. El anuncio de un aumento del 23,7 % por decreto no es un acto de justicia social ni una victoria para los trabajadores; es una decisión temeraria, desconectada de la realidad productiva del país y cargada de cálculo político rumbo a las elecciones de 2026.

El Gobierno juega con discursos populistas mientras condena a las empresas —sobre todo a las pymes— a una asfixia insostenible. Porque detrás del aplauso fácil y la narrativa de ‘dignidad salarial’ hay una verdad incómoda que el petrismo prefiere ocultar: el salario no lo paga el Estado, lo paga el empleador. Y cuando el empleador no puede pagar, no hay empleo que proteger.

Los números no mienten. Un trabajador que devenga salario mínimo en 2026 le costará a la empresa cerca de 3 millones de pesos mensuales, una carga que representa casi 45 % adicional sobre el salario base entre seguridad social y........

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